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Política Estatal Anticorrupción

En Público

Dic. 23. 2021. 21:06
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media

Por: Sergio Torres Delgado

Buen augurio, Elizabeth Vázquez al frente del Comité de Participación Ciudadana

El pasado lunes 20 de diciembre, Elizabeth Vázquez Bernal rindió protesta como nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Michoacán, lo que representa un buen augurio en la verdadera lucha anticorrupción en el estado.

Académica, docente de la Maestría en Derecho de la Información en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Vázquez Bernal es una de las dos integrantes que realmente han llevado sus tareas a la acción, ya que junto con la exconsejera electoral Elvia Higuera Pérez fueron las únicas que tuvieron la iniciativa y los arrestos suficientes para evitar que en 2020 se diera carpetazo al capítulo de Odebrecht en Michoacán.

Aunque Higuera Pérez presentó la acción legal por propio derecho, Vázquez Bernal estuvo ahí y dio su apoyo, así como ha intentado promover otras iniciativas al interior del CPC, que, sin embargo, no han tenido el respaldo de los otros miembros, porque a la hora de actuar, simplemente no todos poseen el mismo compromiso. Sin embargo, lo menos que se espera, aun dentro de su limitado marco competencial, es que hagan lo que esté en sus manos para combatir la corrupción.  

Diputados y partidos mandan señales sobre el reemplacamiento

Las declaraciones de Fidel Calderón Torreblanca, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, respecto a que el costo del reemplacamiento vehicular se podría ajustar a la baja, son una señal de que ya se perfila mantener dicha medida en la Ley de Ingresos para el 2022, aunque ya no de forma tan excesiva como se planteó de inicio.

Al parecer esa fue la apuesta negociadora del gobierno del estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla y de su secretario de Administración y Finanzas, Luis Navarro García, con el fin de lograr la aplicación de la política recaudatoria: presentar un costo alto para, en el estira y afloja, convenir un gravamen menor, pero sin la idea de eliminarla, ya que a final de cuentas la promesa de percibir mayores ingresos para repartir entre la administración pública estatal, poderes del estado y municipios, es el anzuelo perfecto para todos o casi todos los partidos políticos y sus bancadas.

Tan es así que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya dejó de lado la tajante postura relativa a que el reemplacamiento “no pasará” (rueda de prensa del 29/11/2021) y matizó su posición con una contrapropuesta presentada el 22 de diciembre a través de Jesús Hernández Peña, coordinador del grupo parlamentario en el Congreso michoacano.

En contraparte, los priístas proponen un programa nombrado “Michoacano cumplido, reemplacamiento reducido”, con el fin de “cuidar las finanzas de los michoacanos y al mismo tiempo ayudarle al Estado”, lo que en resumen significa que -tal como se lo plantearon al mandatario estatal en reunión sabatina- se condonen los derechos por canje general de placas a todos los contribuyentes que pagaron sus láminas en 2021, para que no las paguen en 2022.

Junto a ello, se sugiere un descuento del 50 por ciento en el reemplacamiento para el 2022, tanto a particulares como al servicio del transporte público que esté al corriente en sus contribuciones al 2021.

La verdad es una buena propuesta y los propios morenistas dicen haber escuchado a la población y estar de acuerdo en no pasarle la factura completa a la sociedad cautiva en materia contributiva.

Pero, insistimos, los senadores Blanca Piña Gudiño, Cristóbal Arias Solís, Casimiro Méndez Ortiz y Germán Martínez bien podrían tener la última palabra en este tema, como representantes de las y los michoacanos, y como otro de los actores políticos que se han manifestado para enviar el mensaje de que ellos también están dentro del juego, toda vez que también concentran su porción de poder político. Sencillamente habrá que ver qué cartas ponen sobre la mesa una vez que el reemplacamiento sea aprobado con, al parecer, algunas modificaciones.

Logra el panista Alfonso Martínez aumento de 9% a la tarifa de agua en Morelia

Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública, ya le concedieron al edil panista de Morelia el permiso para aplicar un gravoso aumento al servicio del agua potable, fijado en 9 por ciento, un punto porcentual menos de lo solicitado.

Aquí es donde los intereses de partidos y sus espacios de poder empiezan a utilizar como moneda de cambio el número de votos que ostentan al interior del Congreso del Estado. Se veía venir, tal vez se negocie un punto medio en el reemplacamiento a cambio de conceder algunas peticiones en otros temas que interesan a los ayuntamientos de oposición dentro de las respectivas leyes de ingresos municipales.

Una de las legisladoras que ha sido congruente en su oposición al incremento de dicha tarifa es la morenista Eréndira Isauro Hernández, quien lamentó luego de que sus pares ignoraran la propuesta de aumentar solo un 5 por ciento, ya que a su juicio, y al de la población, esto pega a los más pobres.

Desafortunadamente no siempre hay buenos legisladores ni estos cuentan tampoco siempre con asesores capaces o pasa que simplemente permiten que el pragmatismo prime: recaudar y asegurarse de contar con los recursos para seguir cobrando cada quincena, cuando no se toma en cuenta que la pandemia por Covid-19 acentuó las desigualdades sociales y económicas, y que la incipiente recuperación también es dispar, según los propios datos del Banco Mundial, en su informe del presente mes.

Así, el ente neoliberal por excelencia refiere que la pandemia ha tenido impactos desproporcionados en los pobres y vulnerables en 2021, que se traducen desde una recuperación económica desigual. Incluso se advierte que los altos precios de la energía impulsan el aumento de los costos de otros productos básicos. Habrá que seguir apelando a la razón y la sensibilidad de quienes gobiernan.

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