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Por delitos electorales, denuncia PRD a Ramírez Bedolla y a la Secretaría de Cultura de Morelia

May. 28. 2021. 17:35
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2021.- Por la promoción, “a todas luces ilegal”, del candidato de Morena al gobierno del estado desde una dependencia municipal y con recursos públicos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció a la Secretaría de Cultura de Morelia y al propio Alfredo Ramírez.

El representante legal del PRD, David Alejandro Morelos Bravo, explicó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por el uso de las redes sociales institucionales de la Secretaría de Cultura de Morelia para la promoción de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena al gobierno del estado.

Asimismo, la denuncia comprende al abanderado morenista y a quien resulte responsable de hechos constitutivos de delito, previstos por los artículos 243 fracción VIII y 312 del Código Penal para el Estado, en relación directa con los artículos 11 fracciones III y IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en agravio del PRD, agregó.

Morelos Bravo señaló que el 19 de mayo de este año, la Secretaría de Cultura de Morelia público en sus redes sociales institucionales información sobre la agenda cultural de campaña de Alfredo Ramírez, de la gira realizada con este tema por diferentes municipios, y otros actos proselitistas.

Esto vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, afirmó el representante legal del PRD.

Además de la información, se incluyeron fotografías, que fueron difundidas en diferentes redes sociales desde cuentas institucionales de la Secretaría de Cultura municipal.

Debido a que las redes sociales institucionales de una dependencia son públicas, al igual que los recursos con que se sostienen, constituyen una conducta ilícita prevista en el artículo 11 fracciones III y IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y pueden llevar a sanciones que económicas y prisión por hasta nueve años al servidor público que cometa este tipo de delitos.

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