El doble dilema de Nahuatzen

Nurío, una comunidad en resistencia

May. 24. 2018. 15:55
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Idi Media Publicaciones
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El 22 de mayo pasado mientras el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Cornejo era nombrado presidente la comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la comunidad p’urhépecha de Nurío vivía uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar en su historia reciente.  Un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron a su territorio, intimidando a los pobladores y disparando contra ellos; dos comuneros resultaron heridos y el exrepresentante de bienes comunales, el Sr. Jesús Álvarez Chávez, perdió la vida.  La comunidad de Nurío respondió a esta agresión con una gran capacidad organizativa, para detener a los responsables y resguardar la seguridad comunal, sin el apoyo de ninguna instancia gubernamental. Sin duda, esto no hubiera sido posible sin la fortaleza de su organización social y de sus instituciones de gobierno.

 

La comunidad pertenece al Congreso Nacional Indígena (CNI), organización que surge tras el levantamiento zapatista y en 2001 fue sede del tercer encuentro del CNI, como parte de las actividades del recorrido del país por parte del EZLN  hacia la Ciudad de México para demandar al Poder Legislativo la inclusión de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos colectivos en la Constitución mexicana.

 

Nurío viene ejerciendo una autonomía comunal vía de facto por más de una década. Su legitimidad reside en la capacidad de renovar sus formas de gobierno indígena que desafían lo establecido por la legislación en materia judicial, municipal y agraria; en recrear sus espacios de discusión y deliberación; en sus mecanismos para construir consensos; en el ejercicio de justicia de acuerdo con sus propios principios y valores construidos comunalmente a través del tiempo y en la definición de su propio desarrollo.

 

Desde el 2005 Nurío cuenta con su propia policía comunal, integrada por los miembros de la comunidad y vigilada por la asamblea comunal. También desde esta fecha ejercen el presupuesto municipal que les corresponde, administrando y determinando las obras a realizar. Su cohesión social les ha permitido obtener estos logros. El derecho a la libredeterminación y autonomía la vienen ejerciendo a través de sus prácticas, sin esperar a que alguna instancia judicial les dé permiso. Desencantados de la democracia electoral, se han alejado de los partidos políticos, se han constituido en sus propios interlocutores frente al Estado, privilegiando su lealtad comunitaria y fortaleciéndose como un gobierno comunal.

 

Esta agresión atenta contra su derecho a la vida, a su seguridad, a la jurisdicción de su territorio y a la continuidad como colectividades, es una clara violación a sus derechos humanos. Frente a esta espiral de violencia criminal y estatal se requiere la solidaridad entre los p’urhépechas, de todos los pueblos indígenas y de la sociedad en general, que no podemos ni debemos guardar silencio, debemos alzar la voz en esta lucha por la vida.

 

María del Carmen Ventura Patiño / Colaboradora IDI Media

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán (Colmich). Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Occidente).