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Aún se puede destinar recurso federal a guarderías

Hay 70 quejas por cierre de estancias infantiles en Michoacán

Mar. 18. 2019. 17:41
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Morelia.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) reportó que se han presentado 70 quejas en Michoacán por el cierre de estancias infantiles desde el recorte del programa de apoyos que se hizo para investigar presuntos casos de corrupción.

El titular de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, aseguró que todavía se investiga el caso pero que sí hay elementos para señalar que puede haber una afectación a los Derechos Humanos de los niños y de los trabajadores de las guarderías.

“Yo vislumbro que sí hay una afectación a los derechos de la niñez, recordemos que el interés superior de la niñez está en la constitución y en la convención sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, donde está muy claro que el Estado debe garantizar su bienestar y su desarrollo”


dijo el ombudsman.

En entrevista el ombudsman michoacano reveló que lo más probable es que las quejas sean canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que sea la instancia federal la que investigue las posibles violaciones de derechos.

“Nosotros recibimos la queja y estamos en la valoración de la competencia; si es de la comisión nacional o de la estatal, pero muy probablemente se tenga que remitir a la CNDH porque se están recibiendo más quejas de otros estados del país”

En el estado de Michoacán fueron 12 mil niños y niñas los afectados por el recorte del programa de apoyos para estancias infantiles, de acuerdo con cifras presentadas por madres de familia y trabajadoras de estos centros de cuidado para la infancia.

Además, las trabajadoras de las guarderías aseguraron que luego de que se retiró el subsidio para estancias infantiles a nivel federal, al menos 100 de estos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas.

Actualmente las jefas de familia llevan dos meses y medio sin ayuda del Gobierno Federal, que paró los recursos para supuestamente investigar casos de corrupción dentro de las estancias y establecimientos que no cumplían con los requisitos mínimos para operar con seguridad.