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Publicidad oficial, pendiente gubernamental en la 4T

Ene. 24. 2020. 15:17
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Redacción IDI Media
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Hace 2 semanas en la conferencia mañanera del 9 de enero, tras una intervención de la periodista Isabel Arvide en la que cuestionó los recursos destinados a la publicidad oficial, el presidente mencionó que el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, informaría sobre la política de distribución de dichos recursos. Al día de hoy, esto no ha sucedido. Abordar de manera seria el tema de la publicidad oficial sigue siendo un pendiente en la agenda de este gobierno, ya en su segundo año.

La falta de claridad sobre los criterios -idóneos, equitativos, transparentes y efectivos- que deben aplicarse en la distribución de la publicidad oficial continúa. En mayo de este año se cumplirán dos años de la publicación de la Ley General de Comunicación Social, que carece de estos criterios. Sin embargo, la actual administración no ha hecho lo suficiente para discutir su derogación o la elaboración de reglas claras.

Otro pendiente a destacar es el del fondo para financiar periodismo de investigación. Hay que recordar que, en marzo y luego en noviembre de 2019, Comunicación Social de Presidencia anunció su compromiso de crear e implementar este fondo público administrado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y hasta el momento se desconoce si se pondrá en marcha; tampoco conocemos las reglas de operación y de dónde saldrán los recursos para su funcionamiento. La idea de un Fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas partió de la propuesta de ley para regular la publicidad oficial elaborada por el colectivo #MediosLibres en 2018, en donde proponíamos que un porcentaje del presupuesto a publicidad oficial se reservara para alimentar este fondo.

Finalmente, entre estos pendientes se encuentra la necesidad de conocer cómo se están ejerciendo los recursos de publicidad oficial. El presupuesto 2020 para este rubro volvió a reducirse casi un 50%, pasando de 4,600 millones de pesos en 2019 a 2,654 millones para este año1. Datos del Sistema de Comunicación Social reportan que de enero a noviembre de 2019 se gastaron 509 millones2, es decir, se dejaron de ejercer 4,000 millones. Esto es grave, ya que no se están operando los recursos asignados de manera correcta, por consiguiente, es necesario conocer la ruta del ejercicio presupuestario de la publicidad oficial.

Este gobierno debe poner atención al tema de la publicidad oficial haciendo el análisis necesario sobre la Ley General de Comunicación Social en el próximo periodo de sesiones, ya que es urgente que se discutan las reglas de asignación; sin éstas no se podrá tener un buen desarrollo de la democracia y persistirán las violaciones a la libertad de expresión. Asimismo, y ante el contexto de impunidad en México, se hace vital contar con periodismo crítico y de calidad, por lo que es indispensable materializar el compromiso para financiar periodismo de investigación.

La publicidad oficial, debidamente regulada, es un instrumento relevante para el ejercicio periodístico y el derecho a saber; además, contribuye a la supervivencia de los medios de comunicación más vulnerables, y no puede seguir siendo ignorada. Las implicaciones de tomar a la ligera el tema son, por un lado, que persisten las malas prácticas en la asignación y distribución; por el otro, que continúe la discrecionalidad y la opacidad, lo que conlleva a un impacto directo en el control de los medios de comunicación y en la misma libertad de expresión.

Por Paulina Castaño Acosta investigadora en el Programa Justicia Fiscal de @FundarMexico

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