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Frutos del bosque, ¿riqueza para quién?

Frutos del bosque, ¿riqueza para quién?

Mar. 19. 2019. 10:44
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media
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En solidaridad con la comunidad indígena de Santo Tomás, Eraxamani

Por Cutzi

En el Valle de Zamora y regiones aledañas, varias agroempresas de capital nacional, estadounidense y chileno han rentado superficies considerables propiedad de ejidos y comunidades para la siembra de: arándanos, frambuesa y zarzamora. Productos destinados principalmente a la exportación. Michoacán produce el 98% de la producción nacional y México ha ocupado el primer y segundo lugar de exportación mundial, en los últimos años.

En particular, el cultivo de la zarzamora encuentra su nicho ecológico en tierras cuya vegetación natural es de bosques de pino y encino, el clima templado, con veranos cálidos e inviernos fríos y lluvias suficientes. Estas condiciones privilegiadas hacen posible obtener una producción durante todo el año.

En 2018 nuestro país produjo 270 mil 399 toneladas de zarzamora de las cuales Michoacán aportó más del 95% del fruto, cultivando 12 mil 500 hectáreas, lo cual coloca a México como el principal productor de zarzamora en el mundo. Los municipios productores son: Los Reyes, Peribán, Zirácuaretiro. Tocumbo, Ario, Tacámbaro, Salvador Escalante, Jacona, Chilchota y Tangancícuaro. En particular, este último municipio pasó de 80 hectáreas de cultivo de esta frutilla en 2006 a 184 en 2013 y en 2017 a 561 hectáreas, aportando 15 mil 922 toneladas. Por su parte, en ese mismo año el municipio de Chilchota obtuvo una producción de 270 toneladas.

Revisemos la rentabilidad del producto. La variedad de zarzamora Tupy requiere una inversión inicial de 200 mil pesos el primer y segundo año y tienen un margen neto de utilidad cada uno de 400 mil pesos y el tercer año de 350 mil. Por su parte, la variedad DASHA se señala que en 2018 requirió de una inversión de 1.2 millones de pesos por hectárea, en el primer año trajo un margen neto de utilidad de 600 mil pesos, el segundo de 1.3 millones y el tercero de 1.5 millones. Estos datos revelan una margen de utilidad importante, que va más allá del 100% por año, lo que hace este cultivo muy atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.

A estas ganancias hay que agregar las rentas ínfimas que pagan a los ejidatarios y comuneros por hectáreas que van desde los 10 a 30 mil pesos por hectárea anual, además del ahorro que representa el incumplimiento de la seguridad social a sus trabajadores, a quienes sólo se les cubre un jornal de infrasubsistencia (180 pesos diarios), violando sus derechos laborales, a lo que habrá que señalar las nulas e inexistentes condiciones de seguridad en el trabajo, los tratos inhumanos y la discriminación de la que son víctimas los trabajadores por parte de los mayordomos y dueños de las empresas. Por último, se suma la contaminación ambiental por el excesivo uso de agroquímicos, plaguicidas y por toneladas de plástico que dejan en la región.

La riqueza generada por el cultivo de estas frutas contrasta con los datos proporcionados por la propia Sedesol en 2018, en su Informe sobre la situación de pobreza y rezago social para el municipio de Chilchota. El municipio cuenta con una población de 33 328 personas, 26 652 se encuentran en situación de pobreza, de éstas 10 973 están en pobreza extrema, 15 679 en pobreza moderada, 4 347 es considerada vulnerable por carencias y 837 vulnerable por ingresos.


De ahí que el proceso de lucha emprendido por la comunidad indígena de Santo Tomás, en la Cañada de los Once Pueblos, en la defensa de los derechos humanos y laborales de los comuneros jornaleros, así como la defensa de sus tierras y el respeto a sus decisiones como comunidad indígena, encuentra sustento legal, en el marco jurídico nacional e internacional, en la Ley Federal del Trabajo, Ley Agraria, Convenio 169 de la OIT, La Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU; que las empresas deben acatar y las instancias judiciales de nuestro país deben hacer valer.