La ley de desarrollo agrario ¿Desarrollo para quién?

La ley de desarrollo agrario ¿Desarrollo para quién?

Nov. 12. 2018. 12:23
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Idi Media Publicaciones
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Carmen Ventura Patiño
Doctora investigadora del Colegio de Michoacán
El 23 de octubre pasado el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, presentó al Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario, con la que propone derogar la Ley Agraria publicada en 1992. Sus objetivos no son dar marcha atrás a la política agraria neoliberal puesta en práctica en nuestro país desde hace más de tres décadas, sino mantener las condiciones jurídicas tendientes a desarticular la propiedad social, de ejidos y comunidades. Mantiene los tratos agrarios de enajenación de parcelas y de los derechos sobre las tierras de uso común, así como el arrendamiento de tierras por parte de terceros, hasta por 30 años prorrogables. Propone: individualizar los derechos agrarios; promover la concentración de las tierras a través de sociedades civiles y mercantiles; facilitar el uso, ocupación, explotación y aprovechamiento de las tierras para la industria de los hidrocarburos y la energía eléctrica por parte de empresas. Con ello, cierra las pinzas jurídicas de las reformas estructurales.
Asimismo, debilita los mecanismos colectivos de decisión sobre el destino y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en más de 99 millones de hectáreas, que representan poco más de la mitad del territorio nacional, superficie que se encuentra en manos de cerca de 5 millones de sujetos agrarios. En particular, atenta contra las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en las que se ubican las principales cuencas hidrológicas, los bosques templados, nubosos y mesófilos, las selvas altas, las selvas húmedas, la mayoría de las Áreas Naturales Protegidas, que contienen una variedad y riqueza de flora y fauna; además de los yacimientos minerales, codiciados y ya concesionados a empresas extranjeras y una parte importante de las reservas de hidrocarburos.
En esta nueva Ley no están contemplados ni reconocidos los derechos de quienes viven ahí, ni sus modos de vida,
ni el derecho al territorio como espacio de reproducción biológica y cultural. Esta Iniciativa representa la continuadad de las políticas neoliberales que privilegian el capital; la tierra y los recursos naturales son valorados como mera mercancía. En resumen, no responde al justo reclamo de millones de campesinos que a través de su voto apostaron a un cambio, por el contrario, consolidan las bases jurídicas que facilitan el camino del despojo, y con ello, el aumento de la pobreza, la migración, el desplazamiento forzoso y la violencia. De modo que, la 4ta transformación no propone un cambio en el modelo económico, sino su continuación, con un rostro social, a través de programas que buscarán paliar la precariedad de la vida campesina y despolitizar sus reivindicaciones.
A continuación, presentamos 10 puntos que atentan contra la propiedad social, contenidos en esta denominada Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario:
1. Mantiene el fin del reparto agrario.
2. Fortalece el presidencialismo. Control por parte del ejecutivo federal sobre los programas de inversión destinados al campo.
3. Fin del derecho agrario como patrimonio familiar.
4. Terminación del régimen ejidal
5. Conversión de propiedad social a propiedad privada.
6. Mantiene la enajenación de las tierras, la renta y la adquisición de dominio pleno.
7. Concentración de tierras, a través de la constitución de sociedades civiles y mercantiles.
8. Ratifica que las tierras de los solares del Asentamiento humano ya no forman parte de la propiedad social, ahora son propiedad privada.
9. No reconoce el derecho al territorio de los pueblos y comunidades indígenas, ni el Consentimiento libre previo e informado, con carácter vinculatorio. Ratifica su acceso a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia (art. 27).
10. Autoriza el uso y ocupación superficial de tierras ejidales para las actividades estratégicas de las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica.