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Prefieren matar al Sistema Nacional Anticorrupción, antes de darle vida: RRC.

Abr. 22. 2019. 09:36
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Idi Media Publicaciones
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  • A tres años de su creación, el SNA se ha convertido en rehén de intereses políticos y privados
  • Urge cumplir ya, sin demoras ni pretextos, con una política completa, articulada y coherente que evite la fragmentación de esfuerzos y ataque el problema de la corrupción desde sus causas.
  • El enfoque exclusivamente punitivo de la corrupción sacia la sed de venganza, pero no soluciona el problema.

 A poco más de tres años de las reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en las entidades federativas, el combate a la corrupción sigue siendo rehén de intereses privados y partidistas. La clase política lo aplazó deliberadamente en el sexenio de Peña Nieto y ahora quiere matarlo.

Antes se negaron a crear la Fiscalía Especial Anticorrupción y ahora se niegan al nombramiento de los magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de corrupción. En vez de cumplir, postergan con ocurrencias como la adición de más ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, se ha hecho a un lado el diagnóstico que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo componen no han emitido una política articulada y coherente. Desde sus orígenes, se estableció que esta tarea no correspondía a una sola institución, ni a una sola persona, sino a un entramado institucional que pudiera fortalecer pesos y contrapesos entre los distintos poderes públicos y en los tres niveles de gobierno, con un cauce formal y permanente de  participación y vigilancia social.

La comunidad PIRC/RRC llama a la clase política a comprometerse en serio con el combate a la corrupción, cumpliendo las leyes que ya existen, sin más excusas ni más pretextos. Llama a nombrar a los magistrados que faltan del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a dotar de medios suficientes a la Fiscalía Anticorrupción y a poner en funcionamiento eficaz la mesa de coordinación entre instituciones. Es urgente dejar de lucrar políticamente con el tema de la corrupción y atacar ya sus raíces en todo el país. El conflicto de intereses, la colusión, el cohecho, la desviación de recursos y la extorsión, entre otras conductas ilícitas, son la expresión de un fenómeno complejo que reclama toda la inteligencia del Estado mexicano para modificar las causas que las auspician y no sólo castigar a quienes las cometen.

Para contribuir a una política nacional anticorrupción, la comunidad PIRC/RRC puso a disposición de los integrantes del SNA y de los Sistemas locales anticorrupción el Libro Blanco derivado de una amplia consulta a la sociedad (más de 950 especialistas, académicos e integrantes de organizaciones ciudadanas de todo el país, reunidos en 12 foros regionales) que afirma que la corrupción es un problema de captura de puestos, presupuestos y decisiones de grupos de interés ajenos al bien público.

Para enfrentarla, se proponen siete acciones sustantivas  (cinco generales y dos transversales) que deberían desarrollar las instituciones que integran los sistemas anticorrupción en cumplimiento de sus atribuciones, funciones y obligaciones constitucionales y legales. Estas son:

  • MANDATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CLAROS. – Que la sociedad sepa cuáles son los mandatos y los resultados que debe esperar de cada oficina pública. Esto implica desarrollar acciones encaminadas a establecer procesos administrativos que se traducen en decisiones públicas, con la finalidad de establecer límites claros a la discrecionalidad administrativa. No solo debe limitarse el dinero sino aclarar el mandato y los resultados.
  • INTELIGENCIA INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO (SISTEMA DE ALERTAS) Es urgente la inteligencia institucional (posibilidad de corrección) centrada en la generación y aprovechamiento de información, por medio de la vigilancia de procesos, identificación de áreas de riesgo, espacios de mejora de la gestión pública, identificación de patrones de comportamiento en los actos de corrupción y malas prácticas administrativas. Si ya se sabe en qué procesos se cometen actos de corrupción, es irresponsable no corregirlos.
  • PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. – Hay que poner fin definitivo a la lógica del botin en la administración pública, que se materializa con el nombramiento de servidores públicos a través de cuotas y cuates.Es urgente establecer ya un modelo de reclutamiento, selección y permanencia en la administración pública que brinde certeza a los funcionarios y que esté vinculado a criterios técnico-profesionales de mérito, capacidad, formación y desempeño.
  • FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN. A partir delfortalecimiento técnico y profesional de las instituciones del SNA encargadas de la investigación y sanción de los hechos de corrupción y las malas prácticas administrativas se podrán integrar expedientes, realizar investigaciones robustas y dar cabida efectiva a los medios de denuncia ciudadana. Sin instituciones capaces de actuar no es posible darle validez a las leyes.
  • VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. No es necesario hacer más reformas paraestablecer vínculos formales de cooperación entre el SNA e instituciones afines (como la UIF, SAT, CNDH y otras) para el desarrollo de mecanismos de cooperación y estrategias conjuntas de combate a la corrupción.
  • VIGILANCIA CIUDADANA– La participación social sigue siendo muy fragmentada y poco significativa, por lo que se requiere establecer mecanismos de vigilancia y exigencia ciudadana, que sean transversales, a la par de fortalecer la vinculación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) con la sociedad. El CPC no ha logrado cumplir su misión de pedagogía pública y vinculación activa con todos los sectores y organizaciones sociales.

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Es urgente instrumentar un sistema integral que garantice, en diferentes vertientes, la sistematicidad de la rendición de cuentas sobre las decisiones públicas. Las vertientes de la rendición de cuentas son: gestión documental, transparencia y acceso a la información pública, contabilidad, mecanismos de asignación presupuestal, compras y obras públicas, monitoreo y evaluación y fiscalización. El Estado mexicano ya cuenta con todos los medios suficientes para poner en marcha un sistema de esa naturaleza, pero todavía no lo hace.