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Problemas actuales de Corrupción en Michoacán

Nov. 14. 2016. 14:50
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media

La corrupción constituye un fenómeno social que es tanto causa como consecuencia de diversos problemas institucionales y se encuentra asociado con la prevalencia de impunidad y la ausencia de una cultura de legalidad.

 

 

Entender la dinámica de la corrupción es una tarea compleja y estéril sino se contextualiza bajo las disposiciones constitucionales de los pactos sociales y en una dimensión más extensa que comprenda la vigencia, promoción y respeto de los derechos humanos.

 

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Fuente: forbes

 

Usualmente, se ha vinculado a la corrupción con el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas, asimismo, y de acuerdo con la extensión que comprende como fenómeno, puede someterse a un análisis positivo, en el que se diferencian las dimensiones del ser y el deber ser .

 

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Casa Blanca de Angélica Rivera

 

De esta forma, y prosiguiendo con lo anterior, la corrupción comprende un carácter multidisciplinario tanto en su análisis teórico y empírico como en las disposiciones normativas que competen a su prevención y solución.

 

Los enfoques causales sobre el problema de la corrupción dependen de acuerdo con los principios que prevalecen sobre la naturaleza de los individuos como agentes, siendo así que se considere a los individuos, en principio, bajo igualdad ante la ley y sujetos de derechos.

 

Corrupción

 

Consecuentemente, la violación del principio de imparcialidad suscita desigualdades que posibilitan la aparición de ventajas y beneficios de unos agentes con respecto a otros, lesionando el Estado de Derecho y vulnerando las garantías constitucionales.

 

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Esta noción conceptualiza a la corrupción como efecto de un conjunto de factores que vulneran el régimen legal y por ende el Estado de Derecho. Con ello, otros fenómenos asociados a la corrupción, como la impunidad, no solamente verifican con realismo considerar a la corrupción como efecto sino que, asimismo, posibilitan prevenirla y plantear soluciones concretas al conocer su comportamiento y relación con otros problemas.

 

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Alfredo Castillo y las obras del Libramiento de Morelia

 

La historia del combate contra la corrupción gubernamental en México se remonta  a la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental que, en el año 2002, instituyó constitucionalmente disposiciones respecto al derecho a la información como un derecho humano.

 

Closeup of man holding briefcase with money spilling out close to his chest

 

En el mes julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, un decreto que modificaba el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulando el acceso a la información gubernamental como un derecho fundamental para todos los mexicanos, por lo que después de aproximadamente cuatro décadas de la primera reforma hecha al artículo 6º constitucional, en la que se facultó al Estado como sujeto obligado y garante para proporcionar el derecho constitucional a la información pública (http://goo.gl/TcU0v5), se posibilita institucionalmente el acceso a la información gubernamental a través de mecanismos legales y jurídicos de transparencia[1]

 

 

Los mecanismos institucionales implementados como políticas de anticorrupción constituyen, por su carácter multidisciplinario, instrumentos transversales que vertebran el conjunto de políticas públicas en diferentes ámbitos de la planeación gubernamental. Esto es manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, PND 2013 – 2018, en las líneas de acción del objetivo 1.1, Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, cuyas acciones estriban en el fortalecimiento de los valores y principios democráticos, en la coordinación sociedad – Estado dentro del marco de construcción de una ciudadanía participativa así como en la armonización entre las políticas públicas de los estados en el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos.

 

 

Un aspecto importante en dicho objetivo se desprende de la promoción de convenios de colaboración en la construcción de una cultura cívica entre los tres órdenes de gobierno. Si bien es patente que los mecanismos de anticorrupción han implicado una mayor participación ciudadana, como reflejo de una creciente inclusión democrática, en la consulta e implementación de políticas públicas pertinentes es, asimismo, necesaria la creación de un sistema que organice e institucionalice las disposiciones normativas consensuadas y aprobadas.

 

 

Lo anterior no solamente es sustancial en la coordinación espacial entre las diferentes entidades federativas sino de forma temporal al trascender  los límites trienales y sexenales de las administraciones. Por tanto, entre las administraciones municipales y estatales debe de prevalecer la implementación y evaluación continua de las políticas públicas como un criterio constitucional en la planeación para el desarrollo, de tal forma que sea minimizado el costo que conllevan los cambios administrativos sobre el desempeño de los servidores públicos  bajo el principio de imparcialidad.

 

 

Fundamentalmente, esto es el criterio sobre el que se necesita sostener y definir la transparencia como institución y sistema a través de políticas públicas que fomenten una creciente participación ciudadana en la evaluación y solicitud de información pública, considerada como un bien público, generando un flujo de retroalimentación que posibilite mejorar los procesos a través de mecanismos e instrumentos de participación más eficientes. En este sentido, la actual administración de Michoacán de Ocampo, ha planteado en su Plan de Desarrollo Integral (PLADIEM 2016 – 2021) las directrices necesarias para sincronizar un conjunto de políticas públicas que adecúen la dinámica de desarrollo de la entidad con los ejes establecidos en el PND 2013 – 2018.

 

 

Esto no sólo se limita en lo que concierne a la innovación gubernamental, y a otros mecanismos institucionales anticorrupción, sino que dimensiona su marco operativo a todas las prioridades expresas en el PLADIEM en el rubro de Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital. Esta característica transversal pondera la necesidad de un gobierno abierto y transparente que fomente el Estado de Derecho y la participación ciudadana en los objetivos de desarrollo.

 

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La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3 (http://goo.gl/Bybe9x), presentada recientemente en el contexto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, constituye una síntesis de ejercicio democrático en el que se han organizado un conjunto criterios de diagnóstico, evaluación, control y sanción, con base en fundamentos constitucionales y en la normativa legal vigente, con relación a las actividades de funcionarios públicos pertenecientes a los tres niveles de gobierno y a la división de poderes.

 

 

La Iniciativa de Ley ponderará las características necesarias para un adecuado desempeño de la función pública, fortaleciendo los mecanismos actuales de rendición de cuentas, de solicitudes de información, de auditorías, etc. Un cambio institucional operado mediante las iniciativas ciudadanas reordenaría la agenda de prioridades de los gobiernos, coadyuvando a la eficiencia administrativa y financiera, además de fortalecer el Estado de Derecho (http://goo.gl/mXBJrM).

 

 

Este cambio es fundamental en un contexto creciente de corrupción e impunidad suscitados por conflictos de interés (http://goo.gl/3JIWei), en los que se han encontrado envueltos el presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete (http://goo.gl/pwQMGv), además de un precario desempeño gubernamental en materia social y económica (http://goo.gl/MCC9eQ).

 

Relevos en PGR, sale Aracely Gómez y entra Raúl Cervantes

 

Con relación a los indicadores generados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado de Michoacán al año 2012 ocupó el lugar 27º en el Índice de Competitividad, destacando que se posicionó en el puesto 31º en cuanto Sistema Político y Estable, en el 15º en el ámbito de Gobiernos eficientes y eficaces, así como en el lugar 17º en el subíndice de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo.

 

 

Esto representó una sustancial mejora con relación al año 2010, en el que los indicadores mencionados eran menores y que de manera general posicionaban a Michoacán un lugar abajo. Los esfuerzos de la presente administración pública del estado de Michoacán de Ocampo por romper con la inercia secular en materia de transparencia comienzan a consolidarse a través de la adhesión a la Iniciativa de Ley.

 

 

La exhortación del actual gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, a los tres órdenes de gobierno para presentar en forma las declaraciones patrimoniales, de intereses y financiera, constituye un avance sustancial en el cumplimiento de las disposiciones de los controles internos que, a través de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), logren cumplir con los objetivos de las medidas preventivas en cuanto a omisiones e incumplimientos (http://goo.gl/3oupeB).

 

Silvano Aureoles

 

Asimismo, Transparencia Mexicana en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, INCBG, posiciona a Michoacán en el lugar 20, con relación a las demás entidades, el cual evalúa, de un total de 35 servicios y trámites públicos, la experiencia que los hogares encuestados han enfrentado ante algún caso de corrupción por parte de servidores públicos. Al año 2010, el INCBG estimó que el costo de los actos de corrupción ascendió 200 millones de pesos.

 

 

En consonancia, para acceder o facilitar los 35 servicios medidos por Transparencia Mexicana se destinaron más de 32 millones de pesos en mordidas, un incremento aproximado de 18.5% con respecto a la evaluación previa en 2007, cuya proporción con relación a su ingreso fue equivalente en promedio a 14%. A nivel nacional, los trámites que presentaron el promedio de incidencia corruptiva fueron los permisos de instalación o apertura de un negocio, el trámite para obtener la licencia de conducir, la atención médica urgente o anticipada, constancias de usos de suelo y las postulaciones a vacantes gubernamentales. Los tres trámites con mayor incidencia se relacionaron con violaciones a la normatividad vial. Cabe mencionar que los trámites que representaron el promedio de incidencia son los que han empeorado en la última encuesta realizada (INCBG 2010), cuyas repercusiones económicas son evidentes.

 

 

El costo que conlleva la corrupción no sólo se asocia de manera urgente a los problemas que enfrenta el país para lograr un desarrollo económico y social sostenido y pujante, dados los efectos que merman en los incentivos a la inversión y la productividad, sino que se asocian con el debilitamiento del Estado de Derecho. La ingobernabilidad suscitada en diversas zonas del estado de Michoacán[1] tiene su origen en los problemas de corrupción y falta de transparencia que posibilitaron las administraciones anteriores.

 

 

El fortalecimiento del Estado de Derecho es una necesidad imperante para generar confianza y legalidad en los ciudadanos michoacanos; la prevalencia del Pacto Social depende, asimismo, de la participación ciudadana y su inclusión democrática y esto no es cabalmente realizable si la corrupción ha deteriorado las instituciones democráticas y desincentivado la legalidad que emana del Estado de Derecho.

 

 

 

[1] Cherán ha constituido desde el año 2011 un caso de ruptura con las instituciones del Estado mexicano al conformarse como una comunidad autonomista, cuya forma de gobierno asambleísta y concejal (https://goo.gl/DuFVwN, https://goo.gl/pYGCoJ) se organiza mediante representantes que son elegidos directamente mediante su sistema de usos y costumbres (http://goo.gl/RJmwZw). El proceso operado en el poblado de Cherán pasó por la disolución del gobierno, destituyendo al antiguo alcalde Roberto Bautista y comenzando un proceso de disensión con el gobierno estatal de Leonel Godoy Rangel (http://goo.gl/feXtDq).

 

 

 

[1] Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; Análisis de Régimen de Transparencia y Acceso a la Información en los Estados y la Federación. 2013.

 

Problemas de Transparencia en el estado de Michoacán, parte 2

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