Problemas actuales sobre Seguridad Pública en Michoacán

Problemas actuales de Seguridad Pública en Michoacán: Opinión

Ago. 25. 2016. 22:38
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media

 

La medición de la seguridad pública de las últimas dos administraciones del estado de Michoacán de Ocampo se ha enfocado escasamente en la atención de las víctimas resultantes de una dinámica de violencia ocasionada por distintos actores sociales, tales como células y organizaciones delictivas en las que se identifican al narcotráfico y el crimen organizado, o bien como las corporaciones policiacas, el ejército y la marina, además de los grupos de autodefensa formados por ciudadanos y encabezados presuntamente por líderes civiles (http://goo.gl/Gf1eYX). El nivel de éxito en la “ medición propagandística” de la seguridad pública se ha centrado en la atención mediática respecto a capturas, detenciones o en la eliminación de blancos estratégicos.

 

Problemas actuales de Seguridad Pública en Michoacán

 

Esta estrategia de seguridad pública plantea como prioridad, observando el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012 – 2015 (PLADIEM 2012 – 2015), la adecuación de las normas aplicables en la prevención del delito y la procuración de justicia para enfrentar una realidad en la que los actores de la dinámica de la violencia han asumido modalidades complejas de tratar con un marco legal que resulta estrecho.

Por tanto, para la Seguridad Pública en Michoacán, las bases en las que descansa tal estrategia no solamente reconocen los efectos consecuentes que los niveles de inseguridad tienen en el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos sino que también pretenden articular mecanismos legales con las instituciones pertinentes para la atención y la solución al problema de inseguridad.

 

De la estructura de violencia y de los problemas de inseguridad en el estado, las instancias gubernamentales han identificado las consecuencias generadas por los actores mencionados previamente, enfocándose en la defensa y el fortalecimiento de un Estado de Derecho que organice alrededor de él a la sociedad civil en un marco de democracia participativa.

Lo anterior posibilitaría un trabajo conjunto sobre problemas como el desgaste del tejido social, ocasionado por la vulneración y la merma de los derechos humanos y las garantías constitucionales, cuyo resultado se aprecia en la omisión de las libertades políticas expresas en la Constitución Política.

 

De esta forma, la administración precedente de Fausto Vallejo formuló estrategias de desarrollo basadas en políticas públicas que buscaban fortalecer tanto la legalidad como la gobernanza, lineamientos plasmados en el eje Estado de Derecho y Seguridad del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 (PND 2007 – 2012), implementándose programas de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública así como campañas de sensibilización y denuncia que integraran a la sociedad civil.

No obstante, la incidencia creciente de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones denota que las estrategias de seguridad han posibilitado mínimamente un cambio favorable en términos de bienestar y desarrollo en el estado de Michoacán.

 

Fortalecimiento de las corporaciones policiacas

El fortalecimiento de las corporaciones policiacas ha favorecido la extensión de una cobertura de seguridad e inteligencia en las zonas de mayor riesgo e incidencia delictiva para la sociedad civil. En el tenor del PND 2007 – 2012, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se priorizaron acciones en la desarticulación de los cárteles como parte de la estrategia de seguridad pública en el país, mediante actividades de inteligencia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) así como de los cuerpos  municipales, estatal y federal de la policía en la Guerra contra el Narco.

Sin embargo, la estrategia de desarticulación posibilitó que, a la captura de un capo o un líder criminal, sobreviniera un proceso de reestructuración en los cárteles y grupos delincuenciales, tal como ocurrió con el cártel de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.

 

Ante este panorama de la Seguridad Pública en Michoacán, la sociedad civil difícilmente puede integrarse en esquemas de participación ciudadana vinculados a programas transversales de políticas públicas en materia de seguridad, mediante acciones que posibiliten la reconstrucción de su tejido social a partir de actividades barriales, comunitarias y regionales. Lo anterior ha sido patente cuando los mismos comerciantes (informales y locatarios), empresarios y productores agropecuarios así como residentes de distintas colonias se enfrentan a la coacción de células delincuenciales o al cobro de derecho de piso por parte de cárteles del narcotráfico.

Es por ello, que tanto la pérdida de confianza en las instituciones que garantizan la seguridad pública como la creciente corrupción de funcionarios públicos en la administración pública, y su consecuente desacato de la ley, conlleve a una vigencia ya caduca del Estado de Derecho.

 

La dinámica de violencia acometida por los actores ha debilitado el Estado de Derecho, provocando un creciente número de víctimas pertenecientes tanto a los grupos que representan los actores como a la sociedad en general. Los efectos sobre esta última han posibilitado la medición de dicha inseguridad, tal como lo reflejan los indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo a los datos de la citada encuesta, la tasa de incidencia delictiva durante el período 2013 – 2015 para el estado de Michoacán es de las más bajas, ocupando los últimos lugares en incidencia con tasas aproximadas de 24, 25 y 26 mil por cada 100 mil habitantes  para los años señalados.

 

No obstante, para la Seguridad Pública en Michoacán los estadísticos pueden ensombrecer la realidad si se descarta la dimensión en la que son levantados. La encuesta se realiza considerando el total de delitos en la entidad respecto a la cantidad de personas de 18 años o más, multiplicada por cien mil. Por ello, no es posible esclarecer si los cambios suscitados fueron por ligeros incrementos en el número de delitos totales, por movimientos en la estructura poblacional  o por flujos de entrada y salida. Aun y cuando el incremento en la tasa fue moderado en el estado de Michoacán, cerca de 1,000 delitos promedios por año, con respecto a la media nacional, (para esta, el período 2013 – 2014 comportó un incremento fuerte de cerca de 5,000 delitos y de menos de 1,000 de 2014 a 2015), el Estado de México observó cambios abruptos, siendo cercanos a una media de 8,833 por año, esto implica que para el período 2013 – 2015, 57, 93 y 83.5 personas de cada 100 fueron víctimas de un delito.

Tales irregularidades son comunes en todas las tasas y renglones de la ENIVPE, lo cual refleja la complejidad de medir la victimización y las consecuencias de la violencia y la inseguridad: cualquier conclusión extraída directamente de la encuesta sin contextualizar, analizar y evaluar el fenómeno y las estrategias planteadas como políticas públicas es mera retórica y recurso de politiquería .

 

La estrategia

 

Una estrategia planteada, a partir del surgimiento de los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán, ha sido la conformación de Comités de Vigilancia Vecinal (CONVIVE) cuya estructura se incorpora a los trabajos previos de las organizaciones barriales y comunitarias. Los esfuerzos gubernamentales por encauzar la reacción social, resultado de la dinámica de la violencia, en un marco legal de participación inclusiva y democrática, preserva la principal preocupación de las administraciones públicas por fortalecer e innovar en materia de gobernanza.

Esto no solamente con la intención de aproximar a la sociedad civil con sus representantes políticos y legitimar las políticas públicas actuales que procuran una resolución clara al problema, sino asimismo con la finalidad de desincentivar y persuadir sobre formas antidemocráticas de “justicia con la propia mano”.

 

El surgimiento de las policías comunitarias y los grupos de autodefensas conllevó a un debilitamiento del Estado de Derecho mexicano, no debido, precisamente, al agresivo rearme de estos grupos frente a la inoperancia e ineficacia de las policías y el ejército y a su eventual política de justicia de lex talionis , sino a la actitud inercial, indiferente y pasiva de las autoridades públicas.

La procuración de justicia, asimismo, comenzó a denotar un carácter institucional anquilosado y sesgado al dirigir deliberadamente sus recursos a la resolución de ciertos objetivos prioritarios, rezagando los problemas de pequeñas comunidades, pueblos y municipios pobres adolecían frente a diversas formas de violencia e inseguridad.

 

 

Cherán

 

Como ejemplo de ello, Cherán ha constituido desde el año 2011 un caso paradigmático de ruptura con las instituciones del Estado al conformarse como una comunidad autonomista, con una forma de gobierno asambleísta y concejal (https://goo.gl/DuFVwN, https://goo.gl/pYGCoJ), cuyos representantes son elegidos directamente mediante su sistema de usos y costumbres (http://goo.gl/RJmwZw).

El proceso operado en el poblado de Cherán pasó por la disolución del gobierno, destituyendo al antiguo alcalde Roberto Bautista y comenzando un proceso de disensión con el gobierno estatal de Leonel Godoy Rangel (http://goo.gl/feXtDq). Ni alcaldía, ni partidos políticos, ni policía, ni empresas y corporaciones trasnacionales ejercen mínima injerencia o poder en la toma de decisiones en la vida de los pobladores de Cherán (http://goo.gl/erpqjD).

 

Para la Seguridad Pública en Michoacán, el caso citado del poblado de Cherán es fundamentalmente un foco rojo que prevalece sobre los problemas de gobernanza y transparencia, cuya importancia es esencial en materia de Estado de Derecho . La respuesta que las instituciones concedieron a la problemática de Estado Fallido fue parcial (http://goo.gl/erpqjD), posibilitando la construcción de una estructura social y de redes comunitarias edificadas como mecanismos de defensa por los habitantes del poblado de Cherán, comuneros principalmente (http://goo.gl/DDMik1), con grupos de simpatía y militancia abiertamente de izquierda, muchos de ellos estudiantes y maestros de la Universidad San Nicolás de Hidalgo y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), unidos en las movilizaciones suscitadas por la reforma educativa (http://goo.gl/vvmiwX, http://goo.gl/ZgRs3A).

 

Se observa la importancia que implica la gobernanza y la transparencia como ejes rectores de las políticas públicas en la planeación estatal y municipal. La integración de la planificación y la programación de las necesidades identificadas en las fases de formulación del PLADIEM tienen la finalidad básica de armonizar y sincronizar el desarrollo equilibrado entre los municipios de la entidad, así como de esta con la federación, tal como lo postula en su metodología de formulación e integración el PLADIEM para el período 2012 – 2015. La experiencia que bien pudiera derivarse del levantamiento civil en el poblado de Cherán es la importancia que conlleva la gobernabilidad integrada con enfoques inclusivos de participación ciudadana . El precio de la ingobernabilidad y la ausencia de transparencia es la ilegitimidad de las instituciones y un Estado de Derecho fallido.

 

La participación activa de la administración pública es pertinente en cuanto preserve los principios de gobernabilidad y legalidad plasmados en los planes estatales de desarrollo de los dos gobiernos anteriores. Esto es, promover y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos del estado de Michoacán a través de su participación democrática e incluyente en la identificación complementaria de sus principales problemas y la formulación de alternativas para su resolución mediante el aprovechamiento de su experiencia y experticia en la problemática suscitada, lo que implica el uso eficiente de los recursos y la infraestructura que han creado para afrontar su compleja realidad.

 

Es así como, mediante el fortalecimiento y la capacitación, los cuerpos de policía pueden operar dentro de un marco legal de gobernabilidad legítima y adecuada para preservar el orden social y la seguridad pública. No es posible garantizar un Estado de Derecho sino existe el respeto irrestricto y el cumplimiento cabal de los derechos humanos y las libertades políticas.

 

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