​Ataques al honor, una herramienta para coartar libertad de expresión

​Ataques al honor, una herramienta para coartar libertad de expresión

Mar. 26. 2018. 10:19
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Morelia.- La judicialización del delito de ataques al honor es una herramienta que les permite a políticos, funcionarios y personajes públicos coartar la libertad de expresión de periodistas y defensores de Derechos Humanos en Michoacán.

 

Esta fue una de las conclusiones del 1er Conversatorio sobre Libertad de Expresión, Derecho de Réplica y Honor realizado con la colaboración entre IDI Media y el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

 

Durante el conversatorio participaron las periodistas América Juárez y Patricia Monreal, así como las académicas Elizabeth Vázquez y Flora García, quienes coincidieron que conservar el delito de Ataques al Honor dentro del Código Penal del Estado de Michoacán implica una seria amenaza a la libertad de expresión.

 

“Una premisa fundamental en estos casos es el uso del derecho penal como inhibidor del debate público y también de la crítica”, señaló la periodista América Juárez, reportera de la Z Noticias y el periódico ABC de Michoacán.

 

En fechas recientes, Michoacán ha sido noticia a nivel nacional debido a los juicios en contra de periodistas y activistas por parte de funcionarios y particulares que aseguraban haber sido dañados en su dignidad por publicaciones y manifestaciones públicas.

 

Se trata de los juicios en contra de la activista Lucero Circe López Riofrío de la asociación civil Humanas Sin Violencia, así como los medios de comunicación Contramuro y Monitor Expresso, quienes fueron imputados por este delito.

 

“Nos dimos a la tarea de revisar algunas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente hacen referencia a estas postulaciones en el sentido de que las figuras públicas deben de tener un mayor umbral de tolerancia a la crítica”, subrayó América Juárez.

 

 

Periodistas y ciudadanos en la mira

La maestra en Derecho de la información, Elizabeth Vázquez, aseguró que este diseño jurídico está estructurado para castigar al sector periodístico pero no es un problema exclusivo de los medios de comunicación sino que afecta a toda persona que los use para difundir información.

 

“Si nosotros revisamos por ejemplo la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica no solamente hace mención del sector periodístico sino de todo aquel sujeto que utilice un medio de comunicación, es decir, estamos incluidos absolutamente todos”, dijo Elizabeth Vázquez.

 

Tras considerar que esta situación es grave pues reduce el debate público y coarta la libertad de expresión de la ciudadanía en general, la maestra señaló que esta problemática no es exclusiva de México sino que está presente en toda América Latina.

 

“Como sociedad, como consumidores de información, como propietarios también de Derechos tendríamos también que priorizar por sobre todas las cosas el interés público de liberar cualquier tipo de información que le afecte”, acentuó Elizabeth Vázquez.

 

Esto porque la mayoría de las noticias que se difunden en medios de comunicación suponen la existencia de actos de corrupción, lo que es de gran interés público, ante lo que pidió que sean los periodistas quienes publiquen estas noticias pero con el mayor rigor posible en la información.

 

“Mi propuesta cuál es: es una cuestión sencilla que teóricamente y metodológicamente podría funcionar porque ha funcionado en otros estados invitar a los periodistas a hacer un trabajo de periodismo de investigación, es decir, tener la prueba”, subrayó.

 

 

Extorsión la otra cara

La académica Flora García salió en defensa del derecho al honor como una forma de proteger la dignidad humana, un aspecto que consideró el máximo valor que tienen los seres humanos y ninguna ley puede pasarle por encima.

 

“Son derechos fundamentales para garantizar la dignidad de la persona y para garantizar su respeto ante la sociedad pero este debemos de reconocerlo como un valor intrínseco de cada individuo”, aseguró Flora García.

 

A pesar de ello, aseguró que es una exageración colocar la regulación de estos derechos a nivel penal pues debería ser materia civil o inclusive administrativa dependiendo de la forma en que pudieran ser afectados.

 

Flora García señaló que está por encima la Libertad de Expresión por ser una forma de impulsar el desarrollo democrático, es decir, a mayor libertad existirá mayor democracia, por lo que debe haber una ponderación de estos dos derechos dependiendo del caso.

 

“Son derechos que no son absolutos y que tiene que haber una regulación específica para que evitemos esa problemática que hay en cuestión de que si hay ambigüedad en el reconocimiento del Derecho al Honor”, aseguró la académica.

 

Al respecto la periodista Patricia Monreal aseguró que también se han dado casos en los que reporteros han usado información privada con la finalidad de extorsionar a actores públicos a cambio de dinero, lo que consideró un atentado a la ética periodística.

 

La reportera del portal Revolución 3.0 Michoacán aseguró que los políticos o actores públicos deberían denunciar estos actos porque serviría para exponer a “pseudoperiodistas” que usan este oficio como un negocio.

 

“Lo curioso es que la clase política no denuncia por estas cosas, se les hace más sencillo soltar una lana y aceptar este tipo de reglas de juego que presentar denuncias por otras que sí constituirían delitos”, dijo Patricia Monreal.

 

Luego de hacer un balance de cuáles son las conductas que han denunciado penalmente tanto políticos como personajes públicos en contra de activistas y medios de comunicación, las ponentes señalaron que esta herramienta es utilizada principalmente para acallar la crítica y no para proteger el honor de la persona.

 

“Los políticos prefieren denunciar para atajar y acallar la crítica, no les interesa salvaguardar su integridad, es mentira esta serie de reformas legales que han venido haciendo, es sólo un manto simulador de protección de derechos que tiene una intención de acallar la crítica”, reiteró Patricia Monreal.

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