En Aquila ningún comunero tiene concesiones mineras

En Aquila ningún comunero tiene concesiones mineras

Nov. 08. 2017. 09:37
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz

Aquila, Mich., 08 Noviembre 2017.- La última vez que las autodefensas de la Sierra-Costa michoacana se movilizaron fue para el rescate de cinco policías comunitarios que fueron detenidos por la Marina Armada de México y posteriormente entregados a los Caballeros Templarios.

Un convoy de más de 50 camionetas con 150 policías armados recorrió la carretera costera que conecta al Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán con el Puerto de Manzanillo  en Colima.

Los comunitarios Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia fueron detenidos el 5 de febrero por sujetos a quienes identificaron como personal de la Secretaría de Marina, quienes los entregaron a manos del cártel de los Caballeros Templarios.

Fue un domingo cuando ocurrió el secuestro de los comunitarios y durante una semana hubo operativos diarios para lograr su rescate, las camionetas de la Policía Michoacán de Aquila, Coahuayana, Tepalcatepec, Coalcomán y Lázaro Cárdenas encabezaban la búsqueda.

A excepción de los refuerzos que llegaron de Lázaro Cárdenas, los demás integrantes de la Policía Michoacán habían sido miembros de las autodefensas durante el levantamiento de 2013, el operativo también fue apoyado por la Policía Comunitaria de Santa María Ostula.

Desde el lunes 6 de febrero, la Policía Michoacán y la Policía Comunitaria de Santa María Ostula realizaron operativos conjuntos en las comunidades de Huahua y Pómaro para intentar rescatar a los cinco policías que cuidaban el filtro de seguridad de Tizupan.

Los detenidos de esos operativos fueron trasladados a la prisión del municipio de Aquila que se llenó por primera vez en casi tres años, cuando aún existía la Coordinación de Autodefensas de la Sierra-Costa Michoacana, encabezada por Cemeí Verdía Zepeda.

Luego de una semana de operativos, se hizo el llamado para “barrer” la zona desde la sierra hasta la costa, un operativo que iba a terminar de una vez por todas con las últimas células de los Templarios que había en la zona.

Pero después se logró la liberación de los cinco detenidos en circunstancias que aún no quedan aclaradas, ni los oficiales que fueron secuestrados ni los policías que se quedaron esperando un operativo de rescate supieron lo que pasó, entre los elementos de la Policía Comunitaria de Ostula todavía queda la duda de cómo se hizo para que los cinco oficiales salieran ilesos del secuestro.

“A mí me pidieron un ‘cuerno’ y yo se los di, porque la vida de mis compañeros es más importante que cualquier otra cosa”, dijo un policía comunitario, quien dio un AK-47 para el rescate y al igual que otros respalda la hipótesis de que los criminales recibieron 15 rifles de asalto a cambio de los secuestrados.

Al respecto, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han emitido informes de qué se pactó con los criminales a cambio de la vida de los policías y si éste incluyó los 15 rifles que los criminales pedían.

Ni siquiera el director de Seguridad Pública de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, supo lo que se negoció, de hecho, sus hombres estaban listos para salir en un operativo de rescate cuando les llegó la noticia de la liberación a través de una entrevista que el Secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, dio en la ciudad de Morelia.

Solís dijo que fue un “tratamiento especial” lo que se realizó para poder liberar a los oficiales, sin negar o confirmar la versión de que se otorgaron armas largas a los miembros de los Caballeros Templarios.

En un comunicado la comunidad de Santa María Ostula le exigió al Gobierno del Estado que aclarara cómo es que fueron liberados sus policías comunitarios luego de que la PGJE y la SSP se hicieron del cargo del rescate pero no hubo respuesta.

A pesar de ello los operativos de aquella semana del mes de febrero mermaron la zona controlada por los Caballeros Templarios, especialmente en la comunidad indígena de Pómaro que todavía tenía a miembros del cártel operando libremente.

El día que liberaron a los cinco policías comunitarios, el filtro de Tizupan dejó de ser la frontera y la línea divisoria se extendió hasta Pichilinguillo, los Templarios perdieron terreno que usaban para trasiego de drogas y fabricación de drogas sintéticas.

Pero también perdieron su negocio particular de minas ilegales, cuando los operativos entraron a Cachán perdieron los puntos de la Sierra en donde extraían ilegalmente mineral de hierro.

 

 

 

Mina de oro

Resulta que los Franciscanos fueron los primeros en darse cuenta que las iglesias que fundaban los nahuas en la Sierra-Costa michoacana –traídos por los españoles como a trabajar luego de la caída de Tenochtitlan- tenían muchos ornamentos de oro.

Los indígenas nahuas usaban el oro para adornar los altares y para las copas que usaban en las misas y las elaboraban con fervor religioso, no como moneda de cambio; así lo cuenta Belisario García Corrales, actual encargado del orden en Maruata.

“Se dieron cuenta de que había oro porque dentro de la Iglesia había copas de oro, candeleros de oro, todo de oro y hubo padres más avaros que empezaron a llevarse el oro, se perdían así las cosas”, cuenta Belisario cuando se le pregunta por la minería.

Pero la zona no era tan fértil como para iniciar una fiebre del oro michoacana, cuando los españoles se dieron cuenta de que no había suficiente para cubrir su avaricia dejaron en paz la minería y se concentraron en otras actividades.

“No sabían que había fierro, que había barita, dolomita, no sabían que hubiera otro tipo de materiales que no fuera el oro”, dijo Belisario, “la comunidad no sabía de la avaricia del oro o de algún otro material que no fuera el oro”.

Cuenta de un comisariado de bienes comunales de nombre Inés Arroyo Alejo fue de los primeros en conocer que había mineral de hierro en la Sierra-Costa y dice que era gente de Juan Hernández Ramírez, ex presidente municipal de Aquila acusado de vínculos con la delincuencia organizada.

Pero antes de ser alcalde, Juan Hernández fue comisariado en Pómaro y sentó las bases para que se delimitaran los terrenos de más de 30 concesiones mineras en la zona que están en manos de particulares y quedaran listas para exploración y explotación.

Luego Juan Hernández llegó a la Presidencia Municipal de Aquila y el negocio de la minería comenzó con la anuencia de “los jefes”, como dicen que se refería a los encargados de la zona por parte del cártel de los Caballeros Templarios.

El 8 de junio de 2015 le dictaron auto de formal prisión al ex alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, porque encontraron pruebas suficientes para acusarlo del intento de homicidio del líder autodefensa, Cemeí Verdía Zepeda.

Según el expediente del caso Juan Hernández contrató a Rigoberto Mejía Valdovinos, Argel Mejía Valdovinos, Ramiro Álvarez Medina, Christian David García de Asís y Victorino Mejía para matar a Cemeí; les pagaron 7 mil pesos a cada uno con la promesa de 2 millones de pesos cuando el trabajo estuviera hecho.

Pero el atentado falló y la Policía Comunitaria de Ostula detuvo al ex alcalde, quien estaba vinculado con el –ahora también detenido- jefe de plaza del municipio de Aquila, Federico González alias “El Lico”.

El 26 de septiembre de 2014, cuando todavía era alcalde de Aquila, Juan Hernández salió en los videos de Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, en una reunión de que se supo era para ver cómo iban a quitar a Cemeí Verdía del camino.

En la investigación por el intento de homicidio del líder autodefensa, Juan Hernández dijo que se reunió en Tumbiscatío con “La Tuta” con la finalidad de acordar la forma de explotación y repartición de recursos económicos de las minas de Pómaro, según documentó en su momento Arturo Estrada para el diario El Financiero.

“Fue en el periodo de Juan Hernández cuando empezaron los chinos y los concesionarios a querer explotar las minas en toda la comunidad”, dijo el encargado del orden de Maruata, Belisario García Corrales.

“La comunidad nada más la usaban como membrete para decir ‘la comunidad está vendiendo’ pero no es cierto, él es el que estuvo vendiendo entre los concesionarios y los chinos, todo el material que sacaron aquí iba a China”.

Si bien en la Sierra-Costa michoacana no hubo suficiente oro, el mineral de hierro también provocó una fiebre tanto en la comunidad de San Miguel Aquila donde actualmente está la mina Los Encinos propiedad de la empresa ítalo-argentina Hylsa-Ternium como en la comunidad de Pómaro en el mismo municipio de Aquila, en donde las minas son ilegales.

“El gobierno del Estado tuvo que haber estado metido a fuerzas, aquí tenía que salir el material a fuerzas, una empresa minera tenía que echarse el paquete de que ese material venía derecho”, concluyó Belisario García.

 

 

En Pómaro no hay mineros

Pero la fiebre minera es para los fuereños porque los habitantes de la Sierra-Costa michoacana, los descendientes de los mexicas sacados del Valle de México, están enfocados en la pesca, el turismo, la ganadería y la agricultura.

“Se vuelve zona minera porque se sabe que hay denuncios pero la gente en sí todos los comuneros nadie es minero, nadie trabajaba ni siquiera en la minería, nadie conoce ni siquiera algo de geología para hacer estudios, no sabemos ni el precio”, dijo Belisario.

Los únicos que han recibido regalías de la minería son los comuneros de San Miguel Aquila, ubicado en la cabecera municipal de Aquila a 400 kilómetros de la ciudad de Morelia y a 680 kilómetros de la Ciudad de México.

Pómaro, aunque sigue siendo parte del municipio de Aquila, se encuentra a 80 kilómetros de la cabecera municipal, se trata pues de una comunidad alejada que se rige por usos y costumbres, lo mismo que Ostula y Coire.

“Aquí no ves a ninguna persona que tenga camiones para transportar material, maquinaria para extraer el material, equipo para extraer el material, no somos un sector que vivimos de la extracción de minerales, no estamos pidiendo eso”, dijo el encargado.

Belisario García es el encargado del orden en Maruata, una playa ubicada en la comunidad de Pómaro, justo a las faldas de la sierra en la que todavía en enero de 2017 había explotación ilegal de minas a cargo de los Caballeros Templarios.

Por eso la noticia de una inversión de mil millones de dólares en el Puerto de Lázaro Cárdenas para explotación minera de toda la región de la Sierra-Costa michoacana le cae a él y los demás comuneros de Pómaro como un balde de agua fría.

“Nosotros no somos mineros, no vamos a poder competir con un chino que trae maquinaria pesada que trae volteos, nosotros ni siquiera un burro para ir a extraer los minerales”, aseguró Belisario.

Si la inversión del grupo acerero Arcelor Mittal, prometida por el multimillonario indio Lakshmi Narayan Mittal al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, se lleva a cabo, Belisario García cree que volverán los Caballeros Templarios para seguir explotando las minas.

“Si regresa la minería van a regresar los malos para seguir explotando los minerales y si nos llegaran a pagar por explotar nuestras tierras nos van a llegar a querer cobrar las extorsiones”, aseguró Belisario, “la gente la van a volver a amenazar, va a volver el crimen organizado, va a haber desapariciones, cuando llega el dinero llega la violencia”.

 

La minería puede atraer la sangre en Aquila: Agustín Villanueva

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