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Carlos Gómez Arrieta, el hombre que amaba los caballos

Carlos Gómez Arrieta, el hombre que amaba los caballos

Jun. 24. 2019. 11:08
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Morelia.- “Curioso” llegó a las puertas de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el lunes 10 de abril de 2017 a bordo de un remolque con placas de circulación MT-55-97-R proveniente de Uruapan, entró a las caballerizas de la Policía Montada y ahí empezaron a darle cuidados.

El caballo español fue decomisado en un operativo en contra de la delincuencia organizada y a partir de ese momento pertenecería al subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, media hora más tarde el propio funcionario acudiría personalmente a verlo.

El portal Cuarto Poder publicó que un colaborador de la SSP denunció que el caballo incautado fue entregado a Gómez Arrieta y que el subsecretario aprovechó los servicios de la Secretaría para cuidarlo mientras se lo llevaba.

La denuncia no surgió frutos, la SSP desmintió que el subsecretario mantuviera un caballo personal a costa del erario y a los varios días el caballo fue retirado de las caballerizas de la Policía Montada con rumbo desconocido.

La pasión de Carlos Gómez Arrieta por los caballos solamente se compara con su pasión por su trabajo, es un mando operativo presente en la mayoría de las acciones de la Policía Michoacán y es protagonista de algunos de los episodios más sangrientos que han ocurrido en el estado de Michoacán desde que asumió el cargo.

La masacre de Arantepacua

Tres días antes de que “Curioso” llegara a las caballerizas de la SSP, Arrieta estaba a cargo del operativo desplegado en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, donde murieron asesinados cuatro comuneros desarmados y un oficial de policía.

El 5 de abril de 2017, mientras en el Palacio de Gobierno de Michoacán se llevaban las negociaciones para liberar a un grupo de comuneros arrestados a traición por parte de elementos de la Policía Michoacán, los oficiales se abalanzaron contra la población civil.

Según el reporte oficial, los policías estaban repeliendo el fuego de los comuneros que dispararon primero pero nadie en la comunidad disparó, todos los comuneros aseguraron que las descargas empezaron por parte de los policías, el funcionario de más rango en el lugar era Carlos Gómez Arrieta.

El operativo que culminó con el asesinato de Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Cohenete, así como del oficial de policía, Pedro Cruz Morales, es actualmente un caso cerrado.

La extinta procuraduría de Michoacán le dio “carpetazo” a las primeras de cambio y no ha habido ninguna investigación seria al respecto, a pesar de que cuatro personas desarmadas murieron durante la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y la Policía Federal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) la ocupa el fiscal Adrián López Solís, quien al momento de la masacre era el secretario de Gobierno del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, por lo que no hay expectativas de que el caso se investigue mientras dure su periodo de nueve años al frente de esta institución.

A dos años de la masacre, el procurador dejó su cargo y ahora ocupa la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la institución que nadie investigó por los hechos ocurridos en Arantepacua.

Martín Godoy Castro, actual secretario de Seguridad Pública, pasó a ser el jefe inmediato de Carlos Gómez Arrieta hasta hace unos días, cuando el subsecretario renunció a su cargo.

Ex procurador regresa de la playa a la SSP
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El “furia”

Furia es un personaje de la película animada de Disney, Intensamente, que cuando se enoja su cabeza se incendia y hace que la niña protagonista pierda el control de sus emociones, también es el apodo que se ganó el subsecretario Arrieta por su parecido tanto físico como de temperamento.

Bajo el cargo de Gómez Arrieta, la SSP fue la institución pública con más quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), durante el 2018 las quejas contra esta institución llegaron a 700, el doble que en años anteriores.

El presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, denunció en su momento que las principales quejas eran por uso desproporcionado de la fuerza, abuso de la fuerza pública y detenciones ilegales por parte de elementos de la SSP.

Una de las quejas que se presentaron contra el subsecretario en su paso por la SSP fue por parte de miembros de Antorcha Campesina, desalojados de manera violenta por la policía con la participación personal de Carlos Gómez Arrieta.

“No, que la quiten a la verga ya, te la voy a desmadrar a la verga cabrón, ¿eh?, toda tu pinche casa a chingar a su madre”, se escuchaba al subsecretario mientras amenazaba a los manifestantes que iban a colocar un plantón frente al Palacio de Gobierno de Michoacán el 12 de enero de 2017.

Durante la estancia de Gómez Arrieta estuvieron prohibidos los plantones en el Centro Histórico de Morelia so pena de que fueran desalojados a golpes por la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público (UROP), nombre institucional del cuerpo de granaderos de Michoacán.

Contra la prensa

Este fue uno de los aspectos que hizo al subsecretario ganarse el apodo de “Furia”, sobre todo entre la prensa local, que no quedó exenta de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de los oficiales de policía.

En un desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el 7 de noviembre de 2017, el resultado del operativo fue de 10 profesores detenidos, reporteros agredidos y personas que iban pasando que golpeados; así como la participación de hombres vestidos de civil que arremetieron contra los manifestantes.

En un video grabado por el reportero César Ábrego que se hizo viral en redes sociales, se puede ver cómo un sujeto vestido de civil se lanza sobre uno de los maestros y lo inmoviliza; luego un policía rocía gas pimienta contra sus compañeros para evitar que lo rescaten y después los policías antimotines lo rodean para arrestarlo.

Los policías comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y entre la confusión lograron el arresto de otros nueve profesores en el bloqueo que se realizaba en el crucero de la salida a Salamanca de la ciudad de Morelia.

Ahí mismo dos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana fueron agredidas por los antimotines mientras pasaban por el lugar sin haber participado en las manifestaciones.

“Ambas se dirigían a la Facultad cuando el operativo comenzó. Ambas fueron golpeadas, agredidas e insultadas por los policías y hay evidencia en video que circula ya en las redes sociales”, apunta un comunicado firmado por la comunidad académica y estudiantil.

Los oficiales seguían golpeando a los detenidos cuando estaban sometidos en el suelo y aún arriba de la patrulla a mano limpia o con los toletes, como se puede ver en los videos grabados por varios reporteros en el lugar.

Sin embargo, cuando los policías del UROP se daban cuenta de que estaban siendo grabados también empujaron y obstaculizaron el trabajo de la prensa, lo que resultó en la agresión directa de al menos cuatro reporteros en la manifestación de la salida a Salamanca.

Un año después, fueron detenidos dos periodistas en otro desalojo de una manifestación de la CNTE sobre la carretera federal Morelia-Toluca cerca de la comunidad de San Felipe de los Alzati en el municipio de Zitácuaro.

Los policías subieron a Luis Contreras Vázquez y José Luis Gutiérrez López a una patrulla y los trasladaron junto a los demás detenidos hacia la ciudad de Morelia pero la presión de los medios de comunicación provocó que la patrulla los regresara a la Presidencia Municipal de Maravatío.

La justificación de la Policía Michoacán fue que los reporteros se negaron a presentar su acreditación de prensa pero minutos más tarde esto fue negado por ambos reporteros, quienes mostraron que traían una credencial en todo momento.

“Sí hubo dos periodistas, una disculpa a los medios, mis respetos para el tema de los medios nuestro apoyo a todos los medios de comunicación ahí hubo una mala coordinación ahí por parte del encargado a veces no puede estar ahí uno presente en los lugares”, dijo el subsecretario Arrieta en entrevista.

El “intento de fuga”

El 22 de marzo de 2017, dos presuntos delincuentes habían sido aprehendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y murieron en circunstancias sospechosas bajo su custodia.

A través de la recomendación 015/2018, la CEDH determinó que se violó el derecho a la vida de estas dos personas, quienes fueron arrestadas por presunta portación de arma de fuego en la plaza comercial Espacio Las Américas de la ciudad de Morelia.

La SSP aseguró que los hombres murieron en un accidente de tránsito pues, casi frente a la Casa de Gobierno de Michoacán, uno de ellos saltó de la patrulla y murió arrollado en un “intento de fuga”.

Al momento en que salió del vehículo, el oficial que conducía frenó intempestivamente, lo que provocó que el otro hombre se golpeara en la cabeza con la jaula metálica de la camioneta y también muriera al instante.

Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien se encargó de las investigaciones de la escena del crimen, luego de los hechos sucedidos aquel lunes por la noche.

A través de la recomendación 015/2018, la CEDH apunta que los detenidos “fueron privados de la vida como consecuencia de una serie de omisiones, uso excesivo de la fuerza y desapego a los protocolos de actuación policial”.

Tras llegar a esta conclusión se instruye a la Dirección de Asuntos Internos de la SSP continuar con la investigación de lo ocurrido para sancionar de acuerdo a la ley a los servidores públicos involucrados en la muerte de las dos personas.

También se solicita que se repare el daño a las familias de los detenidos muertos, esto mediante el pago de una compensación económica y atención psicológica de conformidad en lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

Además se solicita que la SSP coadyuve con el Ministerio Público a fin de que se aporten los datos de la investigación y se judicialice el caso, ya que la CEDH determinó que los sucesos pueden representar un delito que deberá ser sancionado por un juez pero hasta el momento no ha pasado nada.

Tortura institucional

El 15 de marzo de 2019, un grupo de policías torturaron y amenazaron de muerte a otro oficial enfrente de Carlos Gómez Arrieta, quien observó sin inmutarse cómo era golpeado el policía de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP.

Así lo denunció el oficial Orepani Alexi Leyva Macías, a quien levantaron y torturaron para evitar que investigara las malas actuaciones de la Policía Michoacán en la región de la Tierra Caliente.

En rueda de prensa, el policía aseguró que aquel viernes acudió a Apatzingán para comenzar investigaciones en torno a presuntas violaciones cometidas por parte de policías del estado pero eso “no les pareció a los señores”.

Adentro del Cuartel de la Policía Michoacán en el municipio de Apatzingán un grupo de 15 policías encararon a Alexi Leyva y lo detuvieron en el área de barandillas por estar “hostigando” a los elementos de la SSP.

Los policías lo sacaron de donde estaba arrestado por órdenes del segundo comandante regional de Apatzingán, José Luis Gómez Carlos, y fue trasladado hasta un autolavado en donde estaban presentes mandos altos y medios de la SSP en un evento.

Los principales que pudo reconocer eran Jorge Vázquez Díaz, coordinador General de Regiones de la Secretaría; el primer comandante regional de Apatzingán, Carlos Augusto Cortés y el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta.

“Me cortó el arma y me la puso en la cabeza y me dijo ‘te voy a matar’, en ese momento sentí una tremenda impotencia al sentir que perdía la vida, una experiencia muy fuerte, y el subsecretario no hacía nada por defenderme”, dijo al recordar como lo agredió el comandante regional de Apatzingán.

Alexi Leyva aseguró que hay muchos intereses de policías en la región por eso fue que lo golpearon, para evitar que siguiera investigando el comportamiento de la Policía Michoacán en la zona por lo que exigió que los mandos que lo torturaron sean cesados de sus cargos pero hasta el momento tampoco ha sucedido nada.


Carlos Gómez Arrieta
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Funcionario de “huevos”

“Yo por eso les digo que nos pongamos de acuerdo ahorita, porque si a mí me dan la orden yo vengo con todos mis muchachos y nos agarramos a putazos y ustedes son de huevos también igual a mí, así que ya saben que nos vamos a partir la madre como debe ser”, dijo al despedirse Carlos Gómez Arrieta.

Estaba dándole la mano a miembros de los grupos de autodefensa de la Sierra-Costa de Michoacán, entre ellos Cemeí Verdía Zepeda, Germán Ramírez Sánchez y Héctor Zepeda Navarrete, luego de una reunión para liberar los bloqueos que tenían sobre la carretera costera de Michoacán, el 10 de noviembre de 2016.

Los comuneros unidos de Aquila, Chinicuila y Coahuayana habían tomado las alcaldías de estos tres municipios exigiendo la detención de miembros del cártel de los Caballeros Templarios, entre ellos Carmelo Vargas Núñez alias “El Flaco”, Juan Víctor Lucas Rivera alias “El Tanto” y el jefe de plaza de la región Federico González Medina alias “El Lico”.

Como medida de presión extendieron el bloqueo a la carretera que conecta la costa michoacana con la Tierra Caliente, cerrando el paso a la mina de Aquila, lo que de inmediato provocó la reacción de las autoridades.

Durante la negociación estuvo presente Gómez Arrieta en el salón principal del Ayuntamiento de Aquila, ahí prometió participar personalmente en los operativos para detener a los delincuentes y los autodefensas le creyeron porque según ellos sí es un “funcionario de huevos”.

Pero no solamente fue un “funcionario de huevos” por estar al frente de operativos contra el crimen organizado o por las amenazas y agresiones que encabezó durante sus años en la Secretaría de Seguridad Pública; también porque no son pocos los oficiales que le agradecen su apoyo.

Decenas de policías y funcionarios recibieron becas, apoyos y hasta trabajo por la intervención directa de Gómez Arrieta, quien procuraba que su grupo más cercano siempre recibiera salario digno y a tiempo, a diferencia de muchos otros policías.

En el 2014, la SSP dejó de pagar los seguros de vida de policías que murieron en cumplimiento de su deber, dejando a 50 viudas en la indefensión sin poder vivir de la pensión que dejaron sus esposos.

Nadie quiso apoyarlas hasta que llegó Gómez Arrieta y les ofreció trabajo como personal administrativo a varias de ellas adentro de la SSP, lo mismo que se ofreció a pagar personalmente por enseres que necesitaban las familias de policías heridos y caídos durante su mando.

Personalmente se trasladó hasta los lugares en que murieron accidentalmente o durante enfrentamientos decenas de policías y se presentaba en los funerales exigiendo respeto a sus oficiales por los caídos.

Carlos Gómez pagó comidas de celebración a sus policías tras operativos importantes y era conocido entre los oficiales por dar –y recibir- regalos a policías, funcionarios y hasta empresarios del sector privado de Michoacán.

Los industriales le agradecían su apoyo en la vigilancia de caminos y zonas comerciales de municipios como Uruapan, Morelia, Zamora y Los Reyes; sabían que uno de los regalos más preciados eran las espuelas, las sillas de montar y, en general, equipo para que disfrutara de sus caballos.

Caso Ayotzinapa

El 1 de julio de 2013, el ex procurador de la nación, Jesús Murillo Karam, nombró a Carlos Arrieta como director de Servicios Especiales y Protección a Personas en la Procuraduría General de la República (PGR).

Arrieta llegó a la extinta PGR luego de 13 años frente al cargo del resguardo y seguridad de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue en este cargo donde se involucró en las investigaciones del Caso Ayotzinapa.

El ex director participó en las pesquisas para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas ocurrida durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Carlos Gómez Arrieta, salió involucrado en la tortura de al menos uno de los 23 detenidos del caso Ayotzinapa, de acuerdo con material difundido por el diario El País de España, que dio a conocer el material este viernes 21 de junio de 2019.

En el video escucha la voz del subsecretario de Michoacán conduciendo el interrogatorio a uno de los detenidos al que le colocan una bolsa de plástico en la cabeza para obligarlo a dar declaraciones en torno al caso.

La persona identificada como Carlos Canto tiene cinta canela en los ojos y está siendo interrogada por un oficial al que no se logra identificar visualmente pero que a través de un peritaje se determinó que se trataba Carlos Gómez Arrieta.

Al final del video de apenas un minuto con 10 segundos, Gómez Arrieta le exige saber dónde están las casas a donde supuestamente se llevaron a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y cuando dice no saber ordena que le pongan una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo.

Este video comprobaría que al menos un interrogatorio de los 23 que se llevaron a cabo en las pesquisas se hizo violando los derechos humanos de los detenidos y se obtuvo información bajo coacción, lo que atenta contra tratados internacionales firmados por México.

En total fueron 129 personas detenidas en relación con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”;  de las cuales la Organización de las Naciones Unidas informó que al menos 63 habrían sufrido maltratos o tortura.

Horas después de la difusión del video el subsecretario dejó su cargo, el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad Pública aceptaron la renuncia del funcionario que parecía inamovible de su puesto a pesar de las constantes quejas y denuncias de abusos.

“Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, tuiteó la SSP.

 “Video montado”

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, salió en defensa de su subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, al asegurar que el video difundido donde se presume que cometió actos de tortura está “montado”.

En entrevista, Silvano Aureoles aseguró que el subsecretario presentó su renuncia como un acto de congruencia para ayudar a que se den las investigaciones correctamente y no porque sea culpable de torturar a Carlos Canto, uno de los 23 detenidos del caso Ayotzinapa.

“Yo le pido a la Federación, particularmente a la Fiscalía General de la República que fije su postura, porque esos materiales, repito, manoseados, refriteados, montados no le ayuda a conocer la verdad”, dijo Aureoles Conejo, “que no se pongan a difundir videos, que nos digan quiénes fueron”.

Aureoles Conejo acusó a la Federación de “meter ruido” en Michoacán para desestabilizar al gobierno del estado, en vez de hacer una investigación que revele “bajo el cielo azul” lo que realmente sucedió en Ayotzinapa.

“Pero siendo congruentes con que no queremos tapar nada y que somos transparentes, es que al comandante yo le he aceptado separarse de su cargo, no porque demos por bueno ese material, sino por un asunto de congruencia”, dijo el gobernador.

“No es que sea culpable, sino que es un asunto de congruencia”, concluyó el mandatario michoacano, cubriéndole la espalda a quien se ensució las manos durante algunos de los sucesos más violentos de su mandato, a su “comandante” como lo solía llamar, al hombre que amaba los caballos.