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Desarrollo minero sin la autorización del pueblo no es desarrollo

Desarrollo minero sin la autorización del pueblo no es desarrollo

Nov. 09. 2017. 11:16
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Aquila, Mich., 09 Noviembre 2017.- Lo único que le queda claro al comunero de Pómaro, Juan García Cervantes, es que una inversión minera en la Sierra-Costa michoacana en este momento no serviría para beneficiar a las comunidades indígenas.

Como a la mayoría de los comuneros, la noticia de una inversión de mil millones de dólares por parte de la empresa Arcelor Mittal, le resulta inoportuna porque dice el comisariado de bienes comunales de Pómaro no está con el pueblo.

La comunidad indígena de Pómaro está dividida en dos grupos; los que están de acuerdo y los que están en contra con la forma en que la comunidad de Santa María Ostula se ha involucrado en el actual gobierno municipal de José Luis Arteaga Olivares.

El alcalde mejor conocido como “Joss” fue parte del movimiento de autodefensas y estuvo del lado de Cemeí Verdía Zepeda durante la conformación de la Coordinación General del grupo de autodefensas de la Sierra-Costa michoacana.

Cuando había un enemigo en común: los Caballeros Templarios, la coordinación pudo movilizar a todos los autodefensas en la comunidad de Pómaro, la más grande de las comunidades indígenas y también participaron algunos de Coire, comunidad indígena que se encuentra entre Pómaro y Santa María Ostula.

La Coordinación General de autodefensas luchó principalmente por la recuperación de la cabecera municipal de Aquila y la comunidad indígena de Santa María Ostula; Pómaro y Coire organizaron movimientos de autodefensa que funcionaban paralelamente.

De hecho en el movimiento de Pómaro participaron José Antioco Calvillo García como líder autodefensa en Cachán y Juan Hernández Ramírez como líder en Huahua, ambos serían arrestados después por el intento de asesinato del coordinador Cemeí Verdía.

Cuando los líderes de los Caballeros Templarios fueron arrestados o huyeron para Colima y Lázaro Cárdenas, en la Sierra-Costa michoacana quedaron algunas células pequeñas de criminales que aún operan en regiones de Pómaro y Coire.

El “enemigo” ya no era visible y muchas familias quedaron divididas por tres años de sometimiento de los Caballeros Templarios; en la costa viven familias que a fuerza se sometieron, otras que se coludieron con ellos y otras que se hicieron de la vista gorda mientras ellos controlaban la zona.

Elección cuestionadaEl problema se agravó con el proceso electoral de 2015, cuando “Joss”, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó las elecciones con menos de cien votos de diferencia a Mohammed Ramírez Méndez del Partido Verde Ecologista.

En medio de los comicios, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) notificó que en las comunidades de Huahua, El Atracón y Barranca de López del municipio de Aquila, fueron incendiadas seis casillas con todo el material electoral disponible.

Tras el incendio de las urnas, el ambiente se tensó y casi 300 personas sitiaron la cabecera municipal, se trataba de simpatizantes de los dos candidatos que se presentaron en Aquila para evitar que se cometiera un fraude.

En el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) los perredistas resultaron ganadores con una ventaja de casi 10 puntos sobre el candidato del Partido Verde pero el cómputo oficial no se pudo realizar en Aquila.

Ante el estado de sitio, Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM, consideró “imposible” sacar cualquier material electoral de la zona, no solamente de Aquila sino también del municipio vecino de Coahuayana.

Por lo tanto, el cómputo se realizó únicamente con las actas que tenía el IEM en su poder y los partidos tuvieron que rascarse con sus propias uñas a fin de conseguir copias certificadas de las actas que fueron incendiadas.

Al final, el conteo se hizo el 10 de junio de 2015 de las 10:00 horas a la 1:00 de la madrugada en las instalaciones del instituto con dos actas faltantes y varias irregularidades señaladas por ambos partidos políticos.

Por un lado, era imposible saber si las copias certificadas eran reales porque las boletas electorales que sustentaban las cifras estaban hechas cenizas, esto a pesar de ir firmadas por un notario público.

Por el otro, en una de las actas no se alcanzaba a leer el número de votos de los candidatos no registrados y el IEM “cuadró” los números simplemente restando lo que sobraba, de manera que eliminó votos para que no hubiera más votos que votantes.

Las elecciones de 2015 terminaron por dividir aún más a las comunidades indígenas en grupos que están de acuerdo con el actual alcalde y los que no, tanto que el 20 de abril de 2016 el alcalde sufrió un atentado en la comunidad de Cachán del que salió ileso.

El comisariado en disputa

Otro cargo cuestionado es el de comisariado de bienes comunales de Pómaro, en el que actualmente está al frente Eudocio Ramírez Arroyo, a quien acusaron de haberse robado el cargo con la aprobación del Tribunal Unitario Agrario.

Eudocio Ramírez es un férreo opositor del gobierno de José Luis Arteaga y ha encabezado movimientos de las comunidades de Pómaro para impedir el desarrollo de operativos por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Aquila, a cargo de Germán Ramírez Sánchez.

El comisariado de Pómaro asegura que los policías comunitarios de Santa María Ostula y la Dirección de Seguridad Pública de Aquila (ambos integrados por ex autodefensas de la Sierra-Costa) lo único que genera es violencia en su comunidad.

En marzo de 2017 organizó barricadas en la carretera costera de Michoacán, mejor conocida como la 200, a la altura de las playas de Maruata para impedir los operativos dedicados a detener a los remanentes de los Caballeros Templarios en la región.

Los operativos se dieron luego del rescate de cinco policías comunitarios que habían sido detenidos por elementos de la Marina Armada de México y luego entregados a los Caballeros Templarios.

Una vez que rescataron a Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, Aquila y Ostula comenzaron una serie de pesquisas en la región para acabar con la delincuencia.

“Los llamados policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, empezaron a golpear a mucha gente de Maruata, Cachán, Pómaro, Huahua, San Pedro Naranjestil, Tizupa, Cuilala, entre otras localidades éstas se encuentran dentro de nuestra Comunidad de Pómaro”, acusó Eudocio Ramírez en un comunicado de prensa.

Al final los bloqueos impidieron que los operativos fueran exitosos por el tiempo que perdían los policías en la carretera, a esto se sumaron barricadas que instaló la Marina Armada de México, institución que siempre negó haber participado en el secuestro de cinco policías.

El comisariado de bienes comunales de Pómaro es una de las disputas más fuertes que hay en la Sierra-Costa michoacana y uno de los conflictos que promete dividir a las comunidades ante una posible entrada de desarrollo minero en todo el municipio de Aquila.

A costa de la Costa MichoacanaLos comuneros de Pómaro, los que están a favor de Ostula, temen que la llegada del capital, anunciado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo luego de una reunión con el multimillonario indio Lakshmi Narayan Mittal, únicamente venga a beneficiar a unos cuantos.

“Por lo menos que si se saquean los bienes comunales, los recursos que se generen o que lleguen sean repartidos equitativamente para todos los comuneros, eso es lo que verdaderamente estamos peleando”, dijo el comunero Juan García Cervantes.

Cuando las minas de Pómaro se explotaban, en su mayoría por miembros del crimen organizado, los comuneros solamente recibieron pagos de regalías en tres ocasiones: la primera vez recibieron 800 pesos, la segunda mil 800 pesos y la tercera otros mil 800 pesos.

El comisariado que más repartió fue Mohammed Ramírez, quien renunció al cargo luego de que no aguantó la presión del crimen organizado cuando los Templarios controlaban toda la región de la Sierra-Costa en 2012.

“Nosotros aquí en la comunidad soñamos con un desarrollo en la comunidad no solamente de Pómaro sino de todo el municipio de Aquila, queremos la paz, queremos que vivamos ya tranquilos”, aseguró Juan García.

El problema es que dudan de la capacidad del Gobierno del Estado para organizar un modelo de explotación de la minería en Aquila que beneficie a las comunidades indígenas.

“El Gobierno no sabe arreglar las cosas como deben de arreglarse, el Gobierno debe de preocuparse porque esté su comunidad organizada, su pueblo organizado, si estuviera todo en regla qué más quisiéramos nosotros que salir del atolladero en el que estamos”, aseguró García Cervantes.

-¿Qué opina del anuncio de la inversión de mil millones de dólares?

-Para empezar el señor gobernador, el gobierno del estado o federal que piensen en la explotación minera del índole que sea, primero debe preocuparse porque el pueblo esté organizado y que el pueblo reciba lo que corresponde al pueblo.

-¿Usted cree que el gobernador les haga caso?

-El gobernador Silvano Aureoles sabe perfectamente que tiene compromisos con los indígenas de la costa porque lo hemos atendido como autoridad y como amigo y él ha dicho que es amigo y parece que no, no está cumpliendo.

-¿Y si no ha cumplido cómo esperan que los apoye ahora?

-Los indígenas organizados podemos hacerle pasar un mal rato porque los indígenas organizados si damos lata pero damos lata cuando es un problema o una manifestación de algo que nos duele.

-¿Están de acuerdo con la actividad minera en Aquila?

-Si fuera una explotación regulada que estuviera bien vigilada, donde saliera beneficiada la gente sí, pero yo, como le vuelvo a repetir, ningún comunero que yo sepa tiene alguna concesión es pura gente foránea.

Aquí el problema más grande es el crimen organizado, es el que nos tiene divididos en la comunidad, ya no es tanto los partidos políticos como venía sucediendo anterior del crimen organizado.

-Si la actividad minera se reactiva en Pómaro, así como están las cosas ¿Usted cree que beneficiaría al crimen organizado?

-¿Así como están las cosas? Sí. El pueblo tiene que estar organizado para que de veras haya un desarrollo, desarrollo sin la autorización del pueblo no es desarrollo.

Juan García Cervantes