fbpx

La peor semana para ser indígena en Michoacán

Abr. 09. 2017. 07:00
  |  
Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz

La peor semana para ser indígena en Michoacán

 

Morelia.- Empezó con el anuncio de la reingeniería, un proyecto de austeridad que recortó a organismos encargados de apoyar a los pueblos originarios, y terminó con el asesinato de 3 comuneros, fue la peor semana para ser indígena en Michoacán.

 

Reingeniería manda el mensaje de que los pueblos indígenas no cuentan

 

En medio de ambos eventos, el Gobierno del Estado de Michoacán faltó a su palabra dos veces y usó la fuerza para echar atrás acuerdos previos con la comunidad de Arantepacua, no sin antes impedir que extendieran sus protestas a la capital de la entidad.

Lo que fue calificado como una traición repercutió en la imagen del Gobierno del Estado y del propio gobernador, Silvano Aureoles Conejo, al grado de ganarse el repudio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes condenaron los hechos que resultaron en la muerte de tres indígenas purépechas.

 

El primer golpe

 

Aunque el primer golpe no fue violento, en realidad afecta a muchas más comunidades indígenas afuera de la tenencia de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, sus efectos van contra todas las comunidades de la Meseta Purépecha, además de las comunidades nahuas de la sierra-costa y los matlazincas del oriente de la entidad.

La reingeniería anunciada por Silvano Aureoles Conejo extinguió a la Secretaría de los Pueblos Indígenas (SPI) para integrarla a una nueva Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con la promesa de eliminar gastos por más de mil millones de pesos.

“Es una muy mala señal porque al final de cuentas se va a debilitar más la legitimidad del Gobierno del Estado frente a las comunidades indígenas, que van a decir bueno si no les importamos pues al final de cuentas se seguirá el camino de la autonomía” dijo en su momento el doctor en Ciencias Antropológicas, Orlando Aragón Andrade.

También se arrancó de tajo al Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán, lo que para el especialista en asuntos indígenas es una forma de ver que los pueblos originarios no son una prioridad del actual gobierno.

Sin embargo, al abanico de críticas el Gobierno de Michoacán respondió con comunicados y declaraciones que sugerían que Silvano Aureoles no le estaba dando la espalda a los pueblos indígenas, al contrario.

“Nuestro gobernador es un hombre visionario que está saneando la estructura orgánica de la administración pública, sus finanzas, acciones y programas”, aseguró Martín García Avilés, titular de una secretaría condenada a la guillotina.

Aunque el mensaje del Gobierno del Estado promovía que los pueblos originarios eran una prioridad, dos días después se reveló el verdadero trato que recibirían los indígenas michoacanos.

 

 

La paz armada

 

Horas antes de que 300 policías reventaran la comunidad de Arantepacua, el gobernador de Michoacán buscaba restablecer las relaciones con Cherán, luego de que se expresara en contra de su forma de gobierno en el programa Despierta de Carlos Loret de Mola.

 

 

En medio de un reportaje por los seis años de autogobierno, Aureoles Conejo dijo que en Cherán estaban muy “alzados” por su reconocimiento como Gobierno Indígena.

Ante las declaraciones consideradas inmaduras por los miembros del Concejo Mayor de Cherán, al gobernador no le quedó de otra que aclarar que no había dicho lo que había dicho sino todo lo contrario.

Mientras estaba reunido con miembros del Concejo Mayor, en Uruapan –una fuerza conjunta de Policía Michoacán, Policía Ministerial, Policía Federal y Ejército Mexicano- se preparaban para entrar a Arantepacua.

El intento de mostrar al Gobierno de Michoacán como uno abierto al diálogo con las comunidades se vio opacado minutos después con los primeros reportes de disparos de arma de fuego en la comunidad purépecha.

Adentro de Palacio de Gobierno, una comisión de 13 representantes pedía que el operativo se detuviera pero el director, Víctor Manuel Lara Vidales, y el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, se negaron a apoyarlos.

“Nosotros consideramos que ellos dos, el director y el subsecretario de Gobierno, son los principales responsables, porque tuvieron pudieron impedir que sucediera y no lo hicieron”, reclamaron horas después.

Era la segunda vez que el Gobierno del Estado reventaba las mesas de diálogo, la primera fue el martes 4 de abril, cuando, después de las negociaciones, los 38 comuneros que participaron fueron arrestados con el pretexto de ir en un autobús con reporte de robo.

Pero tuvieron que acusarlos de otros delitos porque la empresa Purépechas, línea de autobuses dueña de las cuatro unidades que tomaron los comuneros, mandó a su representante legal para aclarar que ellos no habían interpuesto ninguna denuncia.

A la lista entonces se suma la acusación falsa con la que fueron detenidos, según la versión oficial la mañana del miércoles en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, cuando en realidad fueron arrestados en Morelia, por los mismos policías que debían escoltarlos a su comunidad.

En su segunda “mesa de diálogo”, mientras los policías se abrían paso a balazos en Arantepacua, los comuneros decidieron salir de Palacio de Gobierno para dar una rueda de prensa, sin embargo, los funcionarios dijeron que si salían del edificio no los iban a volver dejar entrar y las negociaciones terminaban.

Tres muertos, decenas de heridos, 10 detenidos y miles de pesos en daños materiales después, la comisión salió de Palacio de Gobierno con la promesa de que se iban a retirar las fuerzas policiacas de Arantepacua y se iba a “revisar” la situación legal de los detenidos, nada más.

38 de los 48 detenidos salieron libres pero enfrentarán un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad.

En cuanto a los nuevos detenidos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –institución que también participó en el operativo- los acusa por homicidio en grave de tentativa y afectación a las vías de comunicación.

Además, la PGJE dijo que no puede acreditar ni la muerte ni la causa de muerte de los comuneros ante el juez, ya que los peritos no pudieron realizar las investigaciones correspondientes, abriendo la ventana a un posible “carpetazo” temen los comuneros.

“Esto no se va a quedar así, el gobernador nos mandó a los policías a acribillarnos, ahora tiene que pagar las consecuencias, queremos que renuncie, si así es de gobernador imagínense qué va a ser ahora que quiere ser presidente”, reclamó un comunero durante el sepelio de uno de los caídos.

Pero, en el mismo entierro, otro decía que la masacre se iba a olvidar, como se olvidó el ataque similar que sufrió la comunidad de Caltzontzin debido a la falta de interés de la población en los problemas de las comunidades.

“Lo peor es que la gente no se moviliza, no la mueve que nos maten, no somos delincuentes, somos gente común”, concluyó un comunero, en lo que fue la peor semana para ser indígena en Michoacán.

Compartir en: