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Ni un centavo para comuneros nahuas víctimas de agresión de la SSP

Ni un centavo para comuneros nahuas víctimas de agresión de la SSP

Oct. 10. 2019. 13:27
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Aquila.- El Gobierno del Estado de Michoacán todavía no paga por los daños ocasionados a cuatro víctimas que sufrieron lesiones durante el ataque en contra de comuneros nahuas de Santa María Ostula en la región de la Sierra-Costa de Michoacán.

De acuerdo con el abogado de la comunidad, Raymundo Ortiz Martín del Campo, el Gobierno de Michoacán ya aceptó la recomendación 65/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pero todavía no salda su deuda.

 “Faltan las víctimas que fueron lesionadas por la policía del Estado, a ellos no les han pagado porque el Gobierno del Estado de Michoacán a través de su Comisión de Atención a Víctimas no ha emitido un dictamen valorativo, sí aceptó la recomendación pero no emitió un dictamen valorativo, y les está ofreciendo una cantidad que las personas no aceptaron porque era muy poco dinero”

aseguró en entrevista exclusiva para IDI Media.

El abogado de la comunidad dijo que está comprobada la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la agresión del 19 de julio de 2015 durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales que culminó con una decena de heridos y la muerte del niño de 12 años, Hidelberto Reyes García, a manos del Ejército Mexicano.

Esto a través del dictamen emitido por la CNDH en diciembre de 2016, cuando se emitió una recomendación al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para reparar el daño a cuatro agraviados directos e inscribirlos a la brevedad en el Registro Nacional de Victimas (Renavi).

“En el bloqueo en el Duin se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, narra el documento.

Debido a esto también se pide al gobernador michoacano iniciar un proceso disciplinario según lo establecido en el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública contra los agentes que participaron en los hechos, algo que tampoco ha sucedido.

Además de reformar el Protocolo o diseñar un nuevo manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza para capacitar a los policías en un mejor manejo de sus capacidades a fin de evitar futuras agresiones.

Otro punto que no ha cumplido es el de investigar al servidor público de la SSP que firmó oficios con datos falsos remitidos a la CNDH y dar vista a la Secretaría de la Contraloría para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Esto luego de que la SSP mintió en los reportes de los hechos sucedidos el 19 de julio de 2015, sin embargo, tampoco esto ha cumplido el Gobierno de Michoacán a través de las instancias correspondientes como son la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Víctimas, la oficina del gobernador, la SSP, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Contraloría.