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“Pensé que me iban a matar”, comunera recuerda la matanza de Arantepacua

“Pensé que me iban a matar”, comunera recuerda la matanza de Arantepacua

Abr. 05. 2019. 11:24
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Arantepacua.- Dice Doña María que a lo lejos una balacera se escucha como cuando haces palomitas de maíz pero más fuerte, esa es la única referencia que se le ocurre para describir los disparos que cubrieron la comunidad de Arantepacua el 5 de abril de 2017.

Esa tarde la señora tenía la preocupación de preparar la comida para su marido, su hijo, su nuera y su nietecita, una bebé de un año que traían en brazos cuando comenzó el operativo sobre esta población purépecha del municipio de Nahuatzen.

“Ahí vienen”, fue lo único que dijo su marido luego de asomarse a la calle y ver cómo elementos de la Policía Michoacán y la Policía Ministerial se abrían paso a balazos adentro de la comunidad.

Según el reporte oficial, los policías estaban repeliendo el fuego de los comuneros que dispararon primero pero nadie en la comunidad disparó, todos los comuneros aseguraron que las descargas empezaron por parte de los policías.

“Yo estuve ahí, yo escuché los disparos que venían de allá de donde estaban los policías, ahora dicen que porque ‘ahí nos estaban disparando’, de dónde, si adentro nada más había gente en sus casas como yo, nosotros nunca les disparamos”

dice Doña María y sus dientes se traban de la rabia acumulada.

Las paredes de lámina de la cocina y los dos cuartos de Doña María no iban a resistir las balas de los policías, por lo que su marido le propuso que se salieran y se refugiaran en la casita que apenas están construyendo.

Es una casa que están levantando poco a poco con el salario de los dos hombres de la familia con ladrillos, no tiene techo, ni puertas, ni ventanas pero en las esquinas donde están los castillos de concreto podían refugiarse.

Pero no alcanzaron ni siquiera a salir, la puerta de lámina cayó de golpe y en segundos ya estaban rodeados por policías que llegaron apuntando con sus armas y sometiendo a los dos hombres a golpe limpio.

Los oficiales arrastraron al marido de Doña María y a su hijo afuera de la casa salieron esposados y los subieron a una camioneta blanca sin placas, no los volvió a ver sino hasta ocho días después.

Doña María salió a pedir explicaciones y lo único que ganó fue que también la arrestaran junto a su nuera y su nieta, las subieron a unas camionetas diferentes y las sacaron del pueblo, ella dice que pensaba que las iban a matar.

“Nos subieron a una camioneta y ‘cállese’ nos decían y ‘agáchense’ nos decían, yo pensé que nos iban a matar, que nos iban a tirar por ahí por el cerro”

dijo doña María mientras le corren las lágrimas pero no por el miedo sino por el coraje.
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www.idimedia.com

Caso cerrado

El operativo que culminó con el asesinato de Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Cohenete, así como del oficial de policía, Pedro Cruz Morales, es actualmente un caso cerrado.

La extinta procuraduría de Michoacán le dio “carpetazo” a las primeras de cambio y no ha habido ninguna investigación seria al respecto, a pesar de que 4 personas desarmadas murieron durante la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y la Policía Federal el 5 de abril de 2017.

“No queremos que se quedé así, queremos que se traigan a los culpables ante la Justicia pero sabemos que fueron los mismos policías ministeriales que participaron, los que luego tienen que investigar, entonces no hay investigación”

dijo Simón Jiménez Morales, representante de bienes comunales de Arantepacua.

En entrevista para IDI Media, Simón Jiménez dijo que la comunidad busca que este ataque en contra de Arantepacua no quede impune como parte de sus acciones de lucha y de protesta a dos años del operativo.

A un dos de lo ocurrido el 5 de abril de 2017, nadie fue acusado formalmente por el asesinado de los cuatro comuneros, los únicos detenidos fueron 10 comuneros acusados de lesiones y tentativa de homicidio pero ninguno permaneció en la cárcel porque se llegó a un acuerdo reparatorio con los policías heridos durante el operativo.

Las muertes que no ocurrieron

En abril de 2018, el entonces titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, aseguró que no podían acreditar ante un juez la muerte ni la causa de muerte de comuneros de Arantepacua porque la comunidad no apoyaba las investigaciones.

“No permitieron los compañeros que tuvieran a la vista los cuerpos y esto así no se va a poder, yo no voy a poderle acreditar al juez la pérdida de la vida de estas personas ni tampoco le voy a poder acreditar al juez cuál fue la causa de la muerte y cuestiones de esa naturaleza”

dijo en su momento el procurador.

Martin Godoy señaló que los comuneros no han permitido el trabajo del personal de la Procuraduría para hacer las diligencias correspondientes, pero esto es falso ya que personal de la Fiscalía Regional de Uruapan se presentó e investigó en el lugar de los hechos el jueves 6 de abril de 2017, cuando IDI Media estuvo en el lugar de los hechos.

Incluso, los peritos fueron acompañados por autoridades comunales para realizar las investigaciones de los distintos puntos del poblado en donde se localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 para rifle tipo AR-15 y 9 milímetros, que corresponden a las armas oficiales de la policía ministerial, estatal y federal.

A pesar de ello, el procurador dijo que por los “usos y costumbres” de la comunidad, los peritos no habían podido hacer su trabajo para hacer las necropsias de ley e iba a ser muy difícil determinar la causa de muerte de los tres comuneros.

“El hecho de que la actitud de ellos sea no participar, no colaborar, pues genera que no podamos esclarecer los hechos tal y como ocurrieron, ellos son ofendidos en el tema de la muerte de sus habitantes y lo que quieren las instituciones es esclarecer a qué se debió”

declaró Godoy Castro.

A dos años de la masacre, el procurador dejó su cargo y ahora ocupa la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la institución que nadie investigó por los hechos ocurridos en Arantepacua.

Para colmo, la Fiscalía General del Estado (FGE) la ocupa el fiscal Adrián López Solís, quien al momento de la masacre era el secretario de Gobierno del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, por lo que no hay expectativas de que el caso se investigue mientras dure su periodo de nueve años al frente de esta institución.

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Regrésense por la barranca

Habían pasado dos horas desde que a Doña María se la habían llevado los policías de su casa y la tenían detenida a las afueras de la comunidad,  cuando su nieto comenzó a llorar pidiendo comida.

Uno de los policías sacó de su mochila una manzana y se la dio a su nuera para que la bebé comiera pero la desconfianza de Doña María era tan grande que pensó que estaba envenenada y le exigió al policía que primero se comiera la mitad.

Lo mismo hizo con el agua que le ofrecieron para su nietecita, en la mente de la señora no podía concebir una buena intención por parte de los mismos policías que la habían sacado a punta de pistola de su casa horas antes.

Luego de comunicarse en varias ocasiones por radio, la oficial a cargo ordenó que las liberaran pero no las regresaron hasta su casa, lo único que les dijeron es que se regresaran por la barranca.

-Ustedes lo que quieren es que nos vayamos por la barranca para desde ahí tirarnos –les dijo Doña María desconfiada.

-No –respondieron los policías- al contrario les decimos que se vayan por ahí porque por el otro lado están tirando.

Los policías hacían referencia a la entrada del pueblo que conecta a Arantepacua con la cabecera municipal de Nahuatzen, ahí en donde dos comuneros habían muerto producto de los disparos.

Cuando llegó Doña María a su casa todavía estaba rodeada de policías, a punta de gritos los oficiales la dejaron entrar y pudo ver cómo la habían puesto patas para arriba; la policía cargó con herramienta, dinero, aparatos eléctricos y lo que parecía tener valor.

Las otras cicatrices

Pero lo que más le duele a Doña María es que ahora su hijo no puede aspirar a tener un mejor empleo porque tiene antecedentes penales, él fue acusado por lesiones en contra de los oficiales, e incluso lo querían apresar por el homicidio del oficial, Pedro Cruz Morales, pero no pudieron comprobar su participación.

La comunidad llegó a un trato con el Gobierno del Estado para la suspensión provisional del proceso que les permitió a los detenidos salir en libertad con medidas cautelares pero aceptando los cargos de lesiones, lo que inevitablemente generó antecedentes penales.

“De qué sirvió tanta maestría, tanta licenciatura, para que mi hijo ahorita esté sin poder trabajar, yo por eso pido justicia y no me voy a cansar de pedir justicia y no voy a llorar porque yo todo el año me conservé en no llorar porque yo lo quiero justicia ante el Gobierno”

dijo Doña María.

Con esta ya van varias veces que Doña María cuenta lo que sucedió hace dos años en la comunidad de Arantepacua, está enfadada de tener que revivir lo sucedido sin que hasta el momento haya ninguna consecuencia.

Hasta el día de hoy, dos años después de lo sucedido, ninguna autoridad la ha apoyado con medicinas, tratamiento psicológico o con recursos ni a ella ni a las demás víctimas de lo sucedido, ni tampoco nadie ha sido llamado a rendir cuentas.

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