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Sin justicia, sin seguro de vida y en el abandono viudas de policías en Michoacán

Sin justicia, sin seguro de vida y en el abandono viudas de policías en Michoacán

Jun. 17. 2019. 10:34
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Morelia.- Media hora después de que Fabiola se despidió de su esposo, el oficial de la extinta Policía Estatal Preventiva estaba tirado a las puertas de una casa de la colonia Pino Suárez herido en el brazo y con una hemorragia que más tarde le provocó la muerte.

La noche del 17 de abril del 2014, Guillermo Cruz Ortuño acudió a un reporte policiaco del antiguo número de emergencia 066 sobre disturbios por parte de un grupo de personas que estaban tomando adentro de una casa y habían comenzado una pelea.

Guillermo Cruz, de 44 años de edad y más de 12 años de servicio, llegó hasta la puerta del domicilio y sin previo aviso fue recibido a balazos, al momento del ataque no traía chaleco antibalas, una de las constantes demandas de equipo que tiene la policía en Michoacán.

La mañana de aquel jueves de 2014, Guillermo había participado en el movimiento de policías que exigían mejoras salariales y equipo necesario para realizar su trabajo; pero desistieron de hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Michoacán.

El oficial regresó a su casa con su familia y luego al trabajo al turno nocturno; a las 21:15 horas estaba intentando cubrirse de los disparos detrás de su patrulla, pero para ese momento ya estaba herido; el enfrentamiento duró apenas unos segundos y cuando todo acabó habían caído tres personas.

La primera fue Guillermo ya herido de muerte y las otras dos también eran policías: uno era el oficial de la Dirección de Inteligencia, José Francisco Fraga Torres, quien fue el primero en abrir fuego y murió casi instantáneamente luego del tiroteo.

El otro era el oficial del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de apenas 27 años en aquel entonces, Jesús Piña Orozco, quien resultó herido en la refriega y fue acusado por el homicidio de Guillermo Cruz.

“Duró como un año en la cárcel y coincidentemente inocente de la muerte de mi esposo, le echaron la culpa al otro señor que había fallecido, al otro policía que agredió primero, le echaron la culpa a él de que había matado a mi esposo”,

dijo la esposa de Guillermo, Fabiola Martínez Reyes.

En entrevista para IDI Media, Fabiola dice que su esposo fue asesinado por sus mismos compañeros, quienes salieron libres de culpas por ser escoltas del ex secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Carlos Hugo Castellanos.

“Yo luché, luché para que esta persona siguiera en la cárcel, pagara… no pude luchar más que un año”.

Narró Fabiola al borde del llanto, dice que recordar es vivir y no le gusta revivir la muerte de su esposo ni las amenazas que sufrió por exigir justicia.

“Al mes de que él falleció yo llevé a mi hijo a la escuela iba una camioneta blanca con dos hombres, dos personas y me subieron a fuerzas a la camioneta, me dieron una vuelta y entre gritos y amenazas me dijeron que dejara todo así si no quería ‘alcanzar a mi esposo».

aseguró.

Durante 15 minutos que le parecieron una eternidad los sujetos encapuchados la amenazaron de muerte a ella y a su familia, lo que provocó que tuviera que abandonar su lucha por encontrar el culpable y enfocarse en sacar adelante económicamente a sus dos hijos.

“No presenté ninguna denuncia porque ellos mismos me dijeron ahí cuando me amenazaron que si yo volvía a mover, que si volvía a poner una denuncia, que si me quejaba ante los medios ya no iban a ir a avisarme, lo iban a lamentar mis hijos y que empezara a ver el color de la caja”, aseguró.

“Imagínate yo sola y con mis hijos… dejé todo ahí, ahí dejé todo, nada más seguí luchando pero ya legalmente, ya todo con el abogado, con un licenciado de oficio, claro, ya fue todo”, dijo.

Aunque Guillermo murió en cumplimiento de su deber eso no fue suficiente para los mandos de la Policía Estatal Preventiva, a su familia no le ayudaron ni con los gastos funerarios y durante su sepelio ningún oficial se presentó a rendirle honores.

Fabiola dice que en su momento ni siquiera le informaron lo que había pasado, tuvo que enterarse por un familiar que su esposo había muerto y ella con su familia se hicieron cargo de todos los arreglos para su funeral y desde entonces pelea que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se haga cargo del seguro de vida que su esposo tenía.

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Nada seguro

El 15 de enero de 2014, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, creó por decreto la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, mejor conocido en la entidad como “El Virrey”.

En el papel la comisión fue una medida del Gobierno Federal para el impulso de más de 500 acciones sociales de contingencia para pacificar el estado de Michoacán y traer desarrollo económico, paz y seguridad a sus habitantes.

En la realidad se trató de una medida para detener de golpe el avance de los grupos de autodefensa que iniciaron en febrero de 2013 y de facto Alfredo Castillo tomó control del Gobierno del Estado de Michoacán, poniendo especial énfasis en las áreas de salud, educación, procuración de justicia y seguridad pública.

Con la llegada del “Virrey” una nueva ola de funcionarios conocida como “los chilangos” por su procedencia del Estado de México asumió cargos en todo el gabinete legal y ampliado, sobre todo en las áreas de seguridad y justicia.

El 18 de enero de 2014, tres días después de que llegó Alfredo Castillo, la SSP cambió de titular, dejó el cargo el general brigadier, Alberto Reyes Vaca, y pasó a manos de Carlos Hugo Castellanos Becerra.

El nuevo secretario había seguido a Castillo a todas las dependencias en las que estuvo en el Estado de México y en el Gobierno Federal; fue encargado de despacho de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría de Justicia del Estado de México

Además fue subprocurador de la Procuraduría Federal del Consumidor cuando estuvo Alfredo Castillo al frente de esta dependencia; antes de eso fue síndico y secretario del ayuntamiento de La Barca, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con varios policías consultados por IDI Media, el legado de Carlos Hugo Castellanos incluye el despido de cientos de policías señalados supuestamente por haber fallado en los exámenes de control de confianza, la precariedad de las condiciones laborales que prevalecen hasta el momento y la cancelación de prestaciones básicas.

Los oficiales perdieron prestaciones de ley como la prima vacacional, seguro de accidentes, viáticos para cuando tenían que salir de sus regiones, becas para sus hijos y tampoco seguros de vida.

Durante casi un año, entre enero y diciembre de 2014, todos los policías que murieron en el cumplimiento de su deber no tenían el respaldo del seguro de vida, lo dejaron de pagar en circunstancias que todavía hasta la fecha no están del todo claras, dejando a más de 50 viudas en el total desamparo.

“No teníamos seguro, no habían pagado a la aseguradora ni un peso, a nosotros nos decían que sí y se veía reflejado en lo que nos descotaban pero la verdad es que ese dinero lo desaparecieron”

dijo a IDI Media un oficial de policía que prefirió permanecer anónimo por miedo a represalias.

IDI Media intentó contactar a la SSP para que respondiera a las acusaciones por parte de oficiales, ex oficiales y viudas de policías muertos en cumplimiento de su deber pero recibió la misma respuesta que ellos han recibido por años.

La SSP a través de su área de comunicación social informó que están a punto de cubrir los adeudos que tienen con las viudas de los policías pero que no van a dar ninguna entrevista hasta que no haya “resultados concretos” para evitar comprometerse con algo que no puedan cumplir, mientras tanto las esposas de policías fallecidos siguen en el olvido.

“Cuando mis hijos se enferman yo no les puedo decir ‘hijo no hay dinero en la Secretaría’ pero los políticos sí se están dando la gran vida, ‘ustedes no se enfermen’, si la maestra les pide algo en la escuela tampoco puedo decirles que no”, dijo la señora Fabiola.


“Se quedaron sin papá y sin mamá”

“El Gordo falleció”, fue lo único que le dijeron a Guadalupe Hernández Briseño los compañeros de su esposo que estaban apostados en el municipio de Apatzingán como parte de un despliegue operativo a mediados de 2015.

Un día antes de su fallecimiento, Juan Pablo Gaona Zarco le llamó por teléfono a Guadalupe y le dijo que iba a salir a un recorrido y que le marcaba en cuanto regresara para que no estuviera con el pendiente.

El 16 de junio de 2015, la patrulla en la que viajaba Juan Pablo fue emboscada por un grupo de sicarios del Cártel de los Caballeros Templarios, superados en número y con mayor poder de fuego, los oficiales fueron abatidos en la refriega y a los que sobrevivieron a las balas los quemaron con gasolina.

Pero nada de esto se supo afuera de las oficinas de la SSP, ni siquiera sus familiares se enteraron de no ser porque tuvieron que trasladarse hasta Apatzingán para reconocer a los cuerpos tras horas de exigirle información a la Secretaría.

“De la Secretaría no me dijeron nada, ellos ni una llamada para comentar”, recuerda Guadalupe, quien dice que no hubo nada de información por parte de las autoridades respecto a lo que sucedió aquel día en la Tierra Caliente michoacana.

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Juan Pablo

Lo que pasó después fue que todas las puertas de la Secretaría se fueron cerrando una a una, primero la oficina del secretario, luego el subsecretario, luego el delegado administrativo y así cada una las ventanillas hasta que no quedó ninguna abierta.

Guadalupe tuvo que salir de su casa porque debía varios meses de renta desde que su esposo vivía; nunca le pagaron las dos quincenas del mes de mayo de 2015 que le debían antes de ser asesinado y jamás supo qué pasó con el seguro de vida.

“El me comentó en muchas ocasiones que estaba una póliza, un documento que a ellos les hacen firmar donde ahí nombran los beneficiarios y se le ha solicitado el pago a la secretaría, al Gobierno del Estado que es el que se supone que tiene que pagar pero hasta el momento no ha habido respuesta”, dijo Guadalupe.

En el 2015, la señora Guadalupe no pudo luchar para exigir lo que le correspondía, estaba confinada a una cama tras una cirugía para tratar de curarle el cáncer que no la ha dejado en paz desde entonces y todavía en el 2019 la sigue afectando.   

“Cambia mucho la imagen que tienes de la policía, porque él ya iba a cumplir 18 años de servicio, él su vida era ser policía y ahí dejó su vida, entonces creíamos que iba a ser diferente pero no, el apoyo es mínimo”, aseguró.

Actualmente espera una nueva cirugía programada para finales de junio de 2019 con la finalidad de extraer dos tumores que volvieron a salir en su pierna, problemas de salud que se han ido agravando con el paso del tiempo y que no tiene los suficientes recursos para solventar los medicamentos que no cubre el Seguro Social.

Tanto Guadalupe como Fabiola ahora trabajan en el área administrativa de la SSP, obtuvieron su puesto luego de años de estar tocando puertas en la Secretaría hasta que finalmente fueron escuchadas por el subsecretario, Carlos Gómez Arrieta, a quien dicen que le deben la chamba.

Sin embargo, todavía les siguen dando largas en los pagos del seguro de vida y todas las prestaciones y sueldos que quedaron pendientes, así como las becas para que sus cuatro hijos puedan estudiar una carrera universitaria.

“Ellos nos dan un trabajo, un trabajo como apoyo y uno lo acepta pues para poder sacar a sus hijos adelante, yo tengo dos hijas, tengo un problema de salud algo delicado pero pues así, tengo que sacarlas a ellas adelante”, dijo Guadalupe.

Ahora Guadalupe y Fabiola trabajan en la institución que tanto les dio la espalda en el pasado tratando de sacar adelante a su familia, a pesar de que en ocasiones se les tacha de oportunistas y hasta han sufrido humillaciones por parte de sus superiores.

“Te cambia todo, ahora uno entrega otra vez todo tu tiempo al trabajo deja uno a los hijos solos, podemos decir que se quedaron sin su papá y ahora se quedaron sin su mamá porque tiene que salir a trabajar para sacarlos adelante”, dijo Guadalupe.

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“No se metan, piénselo mil veces”

Jesús vio que un automóvil circulaba en sentido contrario cerca de la glorieta de Cuatro Caminos en plena Tierra Caliente del estado de Michoacán, él participaba en ese momento como parte del operativo de prevención que se había desplegado en la zona.

Los oficiales de su patrulla intentaron marcarle el alto y los dos sujetos abrieron fuego con sus armas sin mediar palabra, los hombres salieron huyendo por una de las brechas del municipio de Múgica.

Momentos después volcaron su vehículo y se produjo un segundo enfrentamiento en el que otra vez los policías fueron recibidos a balazos; ahí Jesús recibió tres tiros, dos en la pierna y uno en la entrepierna, unos centímetros más arriba y hubieran sido mortales.

En uno de los tubos de su silla de ruedas trae amarrada la cartuchera para cargadores 9 milímetros que desvió la bala hacia abajo, la conserva como amuleto y como un recordatorio de la forma en que burló a la muerte.

“Ese día no me agaché, fui el último en bajarme del vehículo y me acomodé disparando pero estaba parado y no me agaché, creo que si me hubiera agachado me hubieran pegado en la cabeza y no la cuento, por algo no me agaché”, aseguró Jesús.

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Dice que no traía el casco puesto, para qué, la mayoría de los cascos son obsoletos porque no resisten los disparos de armas como lo rifles de asalto tipo AK-47, el blindaje de los chalecos que portan tampoco.

Jesús dice que las desventajas de la policía frente a la delincuencia organizada son muchas, empezando por el equipamiento, tienen dos o tres cargadores con 30 tiros a lo mucho y solamente tienen acceso a armas semi-automáticas.

Del otro lado los delincuentes portan armas automáticas con todas las balas que quieren y además tienen acceso a rifles de asalto y armas como el fusil Barret de calibre 50 milímetros, suficiente para atravesar cualquier blindaje que usa la Policía Michoacán.

“Los oficiales que andan afuera saben bien que aunque sean tres o cuatro camionetas, pudieran ser municipales o de la corporación estatal, aunque fueran cuatro camionetas y se encuentran con otras cuatro camionetas de delincuente, ellos saben que les llevan ventaja los delincuentes”, aseguró.

Además, la desorganización de los operativos genera que cuando un grupo de policías cae en una emboscada quedan prácticamente a merced de la delincuencia, algo que en la opinión de los policías genera aún más muertes entre los policías michoacanos.

“Además no llevan un adiestramiento coordinado, lo improvisan y ahí anda batallando uno afuera”

narró Jesús, “demasiada improvisación, me gustaría que hubiera una estructura mucho más sólida”.

Cuando la violencia aumenta en algún punto del estado, la respuesta normalmente es lanzar a todos los policías que estén disponibles al lugar, muchas veces, sin importar de qué área son o si conocen o no el terreno al que llegan.

Jesús aseguró que le hubiera gustado conocer a quienes le cuidaban la espalda el día de su accidente para poder confiar en que iban a reaccionar como deberían ante un enfrentamiento, pero no, nunca supo quiénes eran ni el adiestramiento que tenían.

El ex oficial dice que muchas cosas pudieron haber sido distintas si hubiera traído algo como un escudo táctico o mejor equipamiento pero al final del día no tenía las condiciones para realizar de una mejor forma su trabajo.

“Afortunadamente estoy aquí para darte mi testimonio y si lo doy es porque sé que muchos compañeros no regresaron”, dijo Jesús, quien asegura que desafortunadamente los “accidentes” como el que le sucedió siguen ocurriendo sin que la SSP atienda las carencias que tienen los oficiales.

Jesús también espera el pago de lo que le deben así como la promesa de becas para sus hijos a fin de poder regresar a su lugar de origen y espera que con el dinero que le adeudan pueda cruzar a los Estados Unidos para probar suerte en el norte.

Fabiola, Guadalupe y Jesús opinan lo mismo al preguntarles qué piensan de las nuevas campañas de reclutamiento de la Policía Michoacán y las promesas de que ahora sí van a haber las condiciones laborales que tanto les han prometido.

Los tres piden que no ingresen a la policía, que los reclutas piensen en sus familias antes de tomar esta decisión y que tomen en cuenta que la SSP no va a respaldarlos si llegan a morir o son heridos gravemente en el combate a la delincuencia.

“No sabe en realidad a lo que se va a enfrentar, no es nada más el hecho de que va a ir a combatir a la delincuencia, sino que si él fallece, sus hijos, su familia queda en el desamparo absoluto”

dijo Guadalupe.

“Esto es inhumano, inhumano, yo veo un policía, mucha gente ve los policías en la calle y les dice cosas o piensan mal de ellos, pero no se ponen a pensar que no todos son iguales y que la secretaría no los protege, nos los protege a ninguno”

aseguró Fabiola.

Además, la señora Fabiola aseguró que muchas otras viudas tienen miedo a represalias por exigir lo que les corresponde ante los medios de comunicación y exponer públicamente sus casos, e incluso ella asegura que teme que la puedan despedir de la SSP por volver a tocar el tema de los seguros de vida.

“Sí tengo miedo… pero es más grande mi necesidad de sacar a mis hijos adelante, sí tengo miedo porque no he tenido ninguna respuesta, porque han pasado cinco años y no he tenido ninguna respuesta”

concluyó la señora Fabiola.