Sin recursos para operar sistema anticorrupción en Michoacán

Sin recursos para operar sistema anticorrupción en Michoacán

Dic. 07. 2016. 11:40
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Sergio Lemus Calderón
Sergio Lemus Calderón

Muchas nuevas leyes y reformas se han presentado por los grupos parlamentarios del Congreso de Michoacán para dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción en este año, sin embargo, la realidad es que los diputados no han hecho los cálculos de cuánto se requiere para su implementación del próximo año.

 

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Son por lo menos 50 millones de pesos de arranque que se requieren en el 2017 para iniciar con los cambios de estructuras y contratación personal calificado para que el sistema estatal anticorrupción opere sin conflictos ni problemas.

 

 

El proyecto de presupuesto de egresos del 2017 entregado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no contempla aumentos a las instancias autónomas o dependencias para implementar el sistema estatal anticorrupción.

 

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Los diputados locales tampoco hacian proyectado incluir estos recursos, principalmente a instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y de Datos Personales; así como a la creación de la Fiscalía Anticorrupción que estará dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

 

El comisionado del IMAI, Daniel Chávez, comentó que se deben de implementar dos sistemas a la par tanto el Sistema Estatal Anticorrupción y sumar a Michoacán al Sistema Nacional de Transparencia. Mencionó que se requieren de 10 millones de pesos adicionales a lo que se proyectó en el 2017 para el IMAI, es decir, “ocupamos 29 millones de pesos para que el IMAI implemente estos sistemas una vez que apruebe el congreso las reformas”, expuso.

 

Daniel Chávez IMAI

 

Consideró que aún existe autoridades, principalmente, los ayuntamientos que no entregan la información completa o es ineficiente. Explicó que el Pleno del IMAI ha aprobado varios recursos de revisión fundados para que los distintos tipos de gobierno entreguen la información solicitada por el ciudadano, porque la gran mayoría no la otorga completa.

 

 

TJAM plantea crear salas regionales en el estado

 

 

Arturo Bucio Ibarra, presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), señaló que con la armonización de reformas y leyes estatales con las federales para integrar el Sistema Anticorrupción implica que  se va a cambiar el modelo estructural de los tribunales, por el tipo de modelo que se replica se debe de crear una segunda instancia del tribunal en los estados o salas regionales de los tribunales administrativos para garantizar el derecho de audiencia a los servidores públicos sancionados en un primer momento.

 

 

 

Ejemplificó que para cumplir con un debido proceso en el que se permita el derecho de apelación del funcionario o ex servidor público que no se  encuentren en funciones en un puesto público, por lo que un segundo órgano que no debe conocer el recurso antes, deberá de recibir las pruebas del sancionado para fijar en firme su castigo o absolverlo de responsabilidad.

 

 

En ese tenor, Bucio Ibarra consideró que se debe hacer una reforma a la ley orgánica al Tribunal de Justicia Administrativa en la que se conformen como primera instancia salas especializadas en el estado de Michoacán, quienes resolverán los casos de conductas graves, y la Sala Colegiada será el órgano superior que ratifique o declare invalida la sanción de las salas del TJAM.

 

 

“Hasta este momento hoy el Tribunal es una primera instancia que recibe recursos de trámite, pero no contra servidores públicos, entonces es el primer punto para que crezca el tribunal, y se podrían establecer salas especializadas para conocer este tipo de asuntos, además de una sala superior que se encargue de revisarla”.

 

 

Reconoció que ellos implicarían más recursos al TJAM pero se cumpliría con lo establecido en la Constitución Política del país para resolver estos casos que llegan de los órganos de fiscalización.

 

 

A su opinión, consideró que se debe de aprovechar la coyuntura que establece el SNA y sus leyes secundarias para que por lo menos se puedan constituir tres salas especializadas con tres magistrados adicionales para atender los casos administrativos contra más autoridades.

 

 

En su oficina, el doctor en Derecho dijo que el único recurso que se tiene por los ciudadanos y más por servidores públicos es el amparo contra las sentencia de este órgano colegiado, “ya que no se admite recurso de revisión por no tener una segunda instancia o medio de defensa”.

 

 

Apeló a la compresión de los diputados locales de la LXXIII Legislatura con quienes tendrán la obligación de avalar reformas al sistema estatal anticorrupción, pero también se puede aprovechar para legalizar lo que será una justicia instancia donde no sólo se dan resoluciones no sólo de funcionarios sino también demandas de tránsito, por abusos de autoridad a los servidores públicos y por cobros de impuestos no previstos en la ley de ingresos.

 

 

Enfatizó que es factible este modelo de justicia que ya se replica en otros estados como es Guerrero, entidad que cuenta con salas regionales y una sala superior de Justicia Administrativa, mientras que en Michoacán apenas se cuente ya con defenderías en Uruapan y otros municipios sin lograr una cobertura del cien por ciento para que conozcan que hace el tribunal.

 

 

Confió en que los actuales diputados locales tomen consideraciones para que este tribunal tenga más presupuesto y herramientas que ayudan a operar correctamente las normas del Sistema Anticorrupción.

 

 

Se busca reducir prescripciones de expedientes en pliegos de observaciones

 

Con las nuevas facultades que contará el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán se pretende reducir la prescripción del número de expedientes con pliegos de observaciones y en el cual se burla la aclaración de irregularidades cometidas en el manejo de recursos en las cuentas públicas en los entes públicos de Michoacán.

 

 

Cuando llegó José Luis López Salgado a la Auditoría Superior de Michoacán por lo menos recibió por cada año cerca de 7 mil expedientes de observaciones de exfuncionarios estatales y municipales del 2008 a 2011, de los cuales, una mayoría prescribieron, es decir, quedaron sin efecto para exigir cuentas y aplicar sanciones. El argumento del actual titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) era que no se contaba con personal suficiente para mandar llamar a comparecencia a exfuncionarios para aclarar algunas observaciones, porque también se juntaba el programa de auditorías a las dependencias estatales y municipios de cada año fiscal.

 

 

Con el nuevo diseño de reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se pretende erradicar la práctica de la prescripción para que funcionarios queden absueltos y también que se realice un debido proceso en fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos en Michoacán.

 

 

Al final, el Poder Legislativo de Michoacán tendrá la última palabra de aprobar las reformas y escuchar a los magistrados del TJAM sobre la reingeniería institucional para implementar el SNA operativamente con resultados.

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