Detenidos del Michoacanazo no demostraron su inocencia

“Soy preso político por defender autonomía de Nahuatzen”

Sep. 18. 2020. 12:03
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Sergio Lemus Calderón
Sergio Lemus Calderón

A las 8:30 de la noche, un domingo 11 de noviembre de 2018 arribaron 16 elementos de la Policía Ministerial de la extinta Procuraduría General del Estado, llegaron al Mercado de Abastos de Morelia con el propósito de arrestar a Gerardo Talavera Pineda, en el local 101, bodega utilizada para almacenar jitomates.

“Ya te cargo la chingada”

amenazaron los ministeriales al detener con violencia a Talavera Pineda y ser despojado de la venta de más de 30 mil pesos que había concretado esa noche, y fue llevado a barandilla donde le dieron una “calentadita”.

Gerardo Talavera Pineda relató a IDI Media desde el Centro Penitenciario de Uruapan que es un “preso político del actual gobierno del PRD”.

Afirmó que es consejero político de MORENA en Michoacán. Su error para estar encarcelado por hasta siete años es defender la autonomía de las comunidades y de la cabecera municipal de Nahuatzen en su autonomía de organización, gobierno y financiera.

Una reja verde en forma de rombos separa a Gerardo Talavera de su hermano Felipe Talavera, quien ha iniciado la defensa legal en la última instancia judicial de la cadena impugnativa que es ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que en instancias judiciales ha sido sentenciado ya con el delito de sabotaje por supuestamente participar en una sustracción de camionetas y despensas del ayuntamiento de esta comunidad indígena.

Gerardo relata que nunca estuvo ahí en el lugar de los hechos ya que la autoridad municipal cuando estaba el entonces presidente municipal del PRD, David Otlica Avilés acusó que el 1 de noviembre de 2018 fue cuando se robaron dos vehículos del gobierno municipal, sin que este hecho aparezca en los registros de Seguridad Pública Municipal o de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

“Mi juicio ha sido un gobierno de oídas”

acusa el sentenciado, quien quedó absuelto ante la resolución emitida por magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza del Poder Judicial de Michoacán, por los delitos de robo de vehículo y robo calificado, pero no quedó absuelto ante el delito de sabotaje el cual se confirmó la sentencia con pena condenatoria de 7 años de prisión.

“Yo me encontraba en Morelia, cuando se dieron los hechos que dicen los funcionarios municipales de Nahuatzen, el 1 de noviembre dicen que fueron los hechos yo estaba con mi familia y no estaba ahí como ellos me acusan y que los jueces se han encargado de validar sin prueba alguna y sin que acepten mis pruebas…existe corrupción entre los jueces”

lamentó Gerardo.

Con la barba crecida por casi cumplir casi dos años en prisión, expuso que su único delito es haber respaldado a la comunidad de Nahuatzen para que se permitiera el cambio de régimen de partidos a un gobierno por usos y costumbres.

Acusó que el entonces secretario de Gobierno y hoy fiscal general del Estado, Adrián López Solís, es quien le pidió directamente a que les ayudará a convencer a la gente para que no hubieran más “Cherán” en Michoacán.

López Solís pidió que les ayudará, incluso envío a Noel García Cancino, alías el “Abuelo”, hoy nombrado recientemente director de Gobernación por Carlos Herrera Tello, actual encargado de la política interna de Michoacán.

“Yo al negarme de esto y querer respetar a la comunidad, incluso dando respaldo a las comunidades de que se iniciara el proceso de cambio de régimen fue que les incómodo. Armando Hurtado, subsecretario de Gobierno fue quien me dio la razón. Al negarle decidieron detenerme a mí y a otros dos compañeros de la comunidad”, explica.

Ministerio Público sin pruebas contundentes; jueces parte de la corrupción.

Gerardo explica que desde que se dio autodeterminación a la comunidad de Nahuatzen aprobada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y las autoridades electorales, el patrimonio municipal pasó a manos del consejo de administración de la comunidad y a pesar de ello la síndica municipal, María Elena Avilés Alendar, sabía de qué no había delito decidió falsear la información por órdenes del Gobierno de Michoacán.

“Precisamente el Ministerio Público dependiente del estado que guarda el patrimonio, sabiendo que la comunidad estaba legitimada por las autoridades electorales para el autogobierno y era de ellos la posición del patrimonio del municipio de parte del consejo indígena de Nahuatzen, se hizo una acusación y sin aprobación de las pruebas, lo grave es que los jueces tanto control como del que rechazo el juicio de amparo nunca investigaron”.

Consideró que existe una corrupción en el Poder Judicial desde los jueces de distrito, los jueces de circuito, el Poder Judicial de Michoacán y el Poder Judicial de la Federación.

Me siento traicionado por líderes de MORENA

Gerardo Talavera fue candidato a la presidencia municipal de 2015 en el Ayuntamiento de Nahuatzen por el partido MORENA porque se lo pidió la comunidad. En esa elección perdió y ganó el PRD con Miguel Prado. Fueron 200 votos los que obtuvo el primer lugar con respecto con el segundo.

En 2017 y 2018 decidió no competir a la presidencia municipal de Nahuatzen y se convirtió en promotor del voto en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

En las paredes se observa el deterioro y la falta de mantenimiento en el área de visitas de los internos. Ahí Gerardo expone que únicamente lo ha ido a visitar Sergio Pimentel, ex delegado nacional de Morena en Michoacán, se siente traicionado por morenistas que no han atendido su caso y por el coordinador de los Programas Federales, Roberto Pantoja, quien nunca lo pudo ayudar con el reforzar su defensa jurídica, así como los diputados locales que varios consideraba sus amigos de partido y la única que ha estado atento a su proceso es la diputada federal, Ana Lilia Guillén.

Llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se le otorgue el indulto de liberación o la amnistía para quedar libre ante el proceso irregular que se ha hecho por parte de la Fiscalía General del Estado y los jueces. “Me queda la última instancia que es la Corte para que revoque la sentencia de 7 años ya que nunca se cometió ni sabotaje ni daño a terceros como lo dice el ayuntamiento de Nahuatzen del PRD”.

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