Detenidos del Michoacanazo no demostraron su inocencia

Respalda CEDH garantizar derechos humanos en prisión preventiva

Ago. 18. 2020. 11:04
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media

*Preocupa a los 33 organismos públicos de derechos humanos en el país, que se inculpe a inocentes sin las pruebas suficientes.

Morelia, Michoacán; 18 de agosto de 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se suma al pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos (FMOPDH) para que se realice una revisión a fondo y se regule de manera adecuada el uso de la prisión preventiva, a partir de una reforma constitucional que elimine el carácter oficioso de la misma y promueva que las instituciones de procuración y administración de justicia analicen en cada caso la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de esta medida.

Lo anterior dado que existe evidencia probada de que no es por medio de la ampliación de las penas o de los delitos que ameritan prisión preventiva que se puede combatir a la delincuencia, por el contrario, es una visión punitiva que vulnera las garantías procesales, pilares del sistema de justicia penal como el principio de la presunción de inocencia.

El encargado de Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, se suma al llamado de la FMOPDH para que los legisladores revisen las reformas aprobadas por el Senado de la República, orientadas a regular la prisión preventiva oficiosa; de manera que se garantice a toda persona inocente que no será condenada, sin que existan las pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad.

A continuación el pronunciamiento completo:

El 30 de julio de 2020, el Senado de la República aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales; a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; al Código Penal Federal; a la Ley General de Salud; a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el propósito, entre otros, de regular la prisión preventiva oficiosa en los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) muestra su preocupación por las siguientes consideraciones:

La reforma del sistema penal acusatorio oral se fundamenta en el principio de presunción de inocencia, sobre el cual se construye todo el modelo vigente, mismo que tiene como finalidad establecer y hacer valer los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, la cual exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie. En este sentido, la violación a este principio de la presunción de inocencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa.

Así, la razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases del proceso penal y en todas las instancias del mismo.

En este sentido, se reitera que la prisión preventiva oficiosa vulnera y/o limita de forma desproporcionada diversos derechos humanos (presunción de inocencia, libertad personal, derecho a la defensa, seguridad jurídica entre otros), reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano por parte de diversos organismos internacionales de vigilancia en materia de derechos humanos, así como criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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