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Sigue licuadora financiera en Michoacán; ya van 140 inhabilitados: Secoem

Sigue licuadora financiera en Michoacán; ya van 140 inhabilitados: Secoem

Jul. 17. 2019. 17:46
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media
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Por: Ibeth Cruz Alonzo

Han sido inhabilitados 140 ex funcionarios de la administración pública por mal uso de recursos públicos, pertenecientes a las administraciones de Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, refirió el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín.

En entrevista, el contralor estatal dijo que este número de ex servidores fueron inhabilitados debido a la movilidad de recursos público de una cuenta a otra sin justificar la transferencia de los fondos.

“Cuando se recibe un recurso federal, de cualquier fondo que tiene reglas de operación y lo sacan de esa cuenta y lo meten a una cuenta globalizada y de ahí haces pagos distintos al del origen, aunque después se devuelva el recurso a la cuenta de origen y se pague lo que se tenían que pagar, el simple hecho de mover los recursos de una cuenta a otra, eso ya constituye un delito”.

Esta práctica es conocida como la “licuadora financiera” que en repetidas ocasiones políticos y funcionarios han hecho referencia como una constante ante la falta de liquidez y la incapacidad del ejecutor para mantenerse al margen de sus posibilidades financieras.

Aunque dijo que esta práctica ha tratado de limitarse al mínimo por la administración pública estatal y con ello se ha detenido en algunas ocasiones el pago de servicios ante la falta de fluidez del recurso, lo cierto es que aún existen casos en dependencias del sector salud, Finanzas y otras que se revisan puntualmente por parte de la Secoem.

“La mejor forma de mejorar es revisando y la principal tarea de la Contraloría es que la administración funcione bien y para eso estoy obligado a revisar. Yo no reviso el fondo corriente, sino las obras y los fondos”.

Huergo no especificó el número de casos que se tiene por esta situación, pero sí aclaró que antes de que constituyan una irregularidad ante las instancias fiscalizadoras, la autoridad estatal atiende los casos emergentemente por medio de su Programa Anual de Auditorías (PAA) y con ello solventa a priori cualquier hecho que en un futuro pudiera constituir un delito.