fbpx
Detienen a Rosario Robles, estará presa 2 meses

Acceso a la información pública permitió detención de Rosario Robles: SNT

Ago. 15. 2019. 12:01
  |  
Ibeth Cruz
Compartir

El acceso a la información pública ha fungido como etapa preventiva que deriva en el encarcelamiento de funcionarios defraudadores de la Ley y es indispensable que los ciudadanos accedan a este derecho, refirió el coordinador de datos personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y comisionado en el Instituto de Transparencia del Estado de México, Javier Martínez Cruz.

Previo a su participación dentro del Foro Internacional “El Convenio 108 en la Protección de Datos Personales en México”, el comisionado mexiquense reconoció que falta concientización ciudadana para que accedan a la información pública y hagan de este derecho una llave que puede desencadenar en acciones de beneficio ciudadano.

Respecto a la detención de Rosario Robles Berlanga, ex funcionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto, mencionó que es resultado de la pericia de los ciudadanos para investigar el ejercicio de recursos públicos a través de las ventanillas de acceso a la información.

“Muchas cosas que se identifican es precisamente porque se hace del ejercicio del acceso a la información pública y cuando salen estos documentos (sobre “La Estafa Maestra”) y se contraponen con lo que reporta la Cuenta Pública identificamos que tanto lo que reporta un documento con otro vemos que no empatan, que hay un desfase”.

El acceso a la información pública funge como una etapa preventiva que avanza a la fiscalización y posteriormente al análisis y fincar responsabilidades a funcionarios que hicieron mal uso del recurso de los ciudadanos, comentó.

“Nos hace falta que la gente sepa esto, que es un derecho llave… Porque pueden ejercer otros derechos, es de los ciudadanos y quien lo activa es la gente, el investigador, porque empiezan a sustentar sus investigaciones con un análisis de documentos que están obligadas a entregar y transparentar las instituciones públicas”.

Martínez Cruz consideró indispensable que los ciudadanos conozcan del impacto que este “derecho llave” puede llegar a tener en la vida pública y el avance del país en combate a la corrupción, pues permite detectar manejos financieros públicos irregulares que lleven ante la justicia a los responsables.

El comisionado fue contundente al reiterar que aquél funcionario que se niegue a presentar información pública requerida por un particular estará siendo multado por los institutos de transparencia con hasta 120 mil pesos que deberá pagar de su salario.

“Hoy, si un servidor no entiende que tiene que dar a conocer cuánto gana, a dónde viaja, en qué se gasta cuando está en una encomienda pública y le moleste informar esto, pues que se retire del servicio público y se dedique a la iniciativa privada”, concluyó.