Comuneros de Caltzontzin piden justicia ante el Poder Judicial

Comuneros de Caltzontzin piden justicia ante el Poder Judicial

Jul. 14. 2017. 16:54
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz

Una docena de comuneros de Caltzotzin, en el municipio de Uruapan, protestaron para que se libere a sus 13 compañeros que están en proceso judicial por los delitos de sabotaje a las vías de comunicación y lesiones.

Los comuneros de la tenencia de San Salvador Kumbutzio, mejor conocida como Caltzontzin, protestaron afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Morelia, donde se lleva a cabo la audiencia tercera audiencia del caso.

En entrevista para IDI Media la maestra y comunera de Caltzontzin, Socorro Pulido, dijo que en esta audiencia se decidirá si los 13 comuneros acusados aceptan o no un juicio abreviado, una alternativa prevista en la ley que agiliza la sentencia del juez.

“Se declararían culpables pues de los delitos y así vamos a ver qué les ofrecen para reparar el daño, porque las lesiones del policía ya se repararon, esas ya se resarcieron, pero falta ver qué les ponen por lo de las vías”, dijo la comunera.

En la audiencia del pasado 9 de junio, solamente uno de los 13 comuneros que están en prisión preventiva oficiosa se negó a recibir el beneficio de un juicio abreviado y tenía intenciones de demostrar su inocencia ante el juez.

“No nos parece así que salgan con el estigma de que son culpables, muchos familiares nos negamos a que se les acuse de un delito que es inventado, verdad, pero luego de seis meses ahí adentro la verdad es que la prioridad es que salgan los muchachos”, aseguró Socorro Pulido.

La audiencia empezó al filo de las 11:00 horas con la presencia de los abogados de los comuneros y la fiscalía, así como los representantes legales de la empresa Kansas City Southern (KCS) de México, quienes también conforman la parte acusatoria.

Los que brillaron por su ausencia durante la protesta de comuneros fueron los profesores de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se habían comprometido a apoyar a Caltzontzin durante el Congreso Indígena de Michoacán.

Será la tarde de este viernes 14 de julio cuando un juez determine la situación legal de los implicados, quienes fueron detenidos en un operativo encabezado por Fuerzas Estatales y Federales en el que se les acusa de abuso de la fuerza y detenciones arbitrarias.

A 6 meses del ataque

El operativo se desencadenó luego de que el 23 de febrero de 2017 la comunidad había tomado las vías férreas que están en la única entrada de la tenencia en protesta de que el Ayuntamiento de Uruapan se busca apropiar de unos terrenos que por ley les pertenecen.

En el segundo día de las protestas, hasta la comunidad se trasladaron al lugar elementos de la Policía Michoacán y de la Policía Federal, así como hombres armados vestidos de civil, y pidieron establecer un diálogo con los comuneros.

Dos de ellos se acercaron a los policías para entablar conversaciones pero fueron sometidos y arrestados en el acto, lo que derivó en una embestida contra la comunidad que dejó como saldo decenas de heridos por los golpes que les propinaron y el gas lacrimógeno que lanzaron indiscriminadamente.

A pesar de los reclamos por detenciones arbitrarias y atropellos a los derechos de los comuneros, los 17 comuneros -13 presos y 4 en libertad bajo caución- fueron vinculados por lesiones en contra de un oficial de la Policía Michoacán y por daños a las vías de comunicación.

Tercero en discordia

Kansas City Southern (KCS) de México presentó denuncias porque durante los bloqueos se impidió que sus trenes transportaran mercancía a tiempo, lo que aseguran les generó pérdidas por hasta 200 millones de pesos.

En un primer momento KCS de México pidió a los comuneros pagar una indemnización de 600 mil pesos, pero ahora no han fijado un número porque, aseguran, la comunidad de Caltzontzin no se ha acercado a negociar un monto.

Por eso el juez determinó suspender la audiencia del 9 de junio de 2017 hasta que la comunidad y la empresa ferrocarrilera establezcan una mesa de negociaciones y tengan un monto que la comunidad se comprometa a pagar.

Los comuneros aseguraron que no hay forma de que la comunidad pague una cifra tan grande por lo que buscarán probar que no se le causó un daño directo a la empresa, un tema que se retomó durante la audiencia de este viernes 14 de julio.

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