Seguridad, Estado y rondas comunitarias

Abr. 01. 2020. 17:59
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Jesús Munguía
Jesús Munguía

En solidaridad con las comunidades de Tanaquillo y Pomacuarán
Uinapekua

El monopolio de la violencia como una característica de un Estado Nación y como garante de la seguridad de sus miembros, se desmorona como polvo ante nuestra realidad cotidiana. Ese Estado que nace como resultado de un proceso histórico durante el siglo XIX en nuestro país y que se encuentra en permanente redefinición, no surge de un “contrato social” en el que los individuos en su calidad de hombres libres se ponen de acuerdo y firman un pacto político, en todo caso es un imaginario contrato social, cuyos cimientos son de barro. Los pueblos indígenas y sus formas de organización política no fueron incluidos, ni siquiera escuchados.

Dos siglos han pasado, políticas de integración y asimilación no lograron desdibujar los procesos de permanencia de estas grupalidades indígenas, las cuales se han reconfigurado como resultado de distintos contextos políticos y jurídicos. Uno de los elementos que explican su resistencia, no libre de conflictos, es la vida colectiva y sus estrategias de reproducción cultural y política.

En la actualidad el llamado Estado nación ya no cuenta más con el monopolio de la violencia, ni tiene la capacidad de otorgar seguridad a sus miembros, vivimos un Estado fragmentado. Algunos grupos dedicados a actividades ilícitas imponen sus propios códigos y ejercen el control y el dominio en distintas regiones y localidades. Hay pueblos que han sido obligados al desplazamiento como ha ocurrido en Chihuahua y Guerrero.

Las cifras son alarmantes, desde 2006, cerca de 340 mil personas han sido desplazadas (según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos), 60 mil han sido desaparecidos y 250 mil han sido asesinados.

En este marco de violencia, hay comunidades que se han enfrentado a dichos grupos con una organización comunitaria capaz de recuperar su vida en colectividad y definir su rumbo como lo hizo la comunidad de Cherán. No obstante, hay otras tantas que libran una batalla cotidiana, en un contexto de ausencia de Estado. Así lo han hecho las comunidades de Nurío, Arantepacua, Ostula y otras más, que han revitalizado y fortalecido sus formas internas de organización de seguridad comunal, rondas comunales, policías comunitarias, Kuarichas. Hay otras más que han protagonizado episodios de violencia y cuyos llamados de protección al Estado no han sido escuchados, como recientemente ocurrió en la comunidad de Pomacuarán y Tanaquillo.

Los representantes de la fuerza estatal y de los distintos ámbitos de gobierno han desatendido y dejado a su suerte a las comunidades indígenas. Han sido muchos los reclamos y los llamados para exigir un alto a la violencia. El 19 de marzo comuneros de Pomacuarán bloquearon por varios días la carretera para solicitar la intervención del gobierno ante la ola de asesinatos y secuestros que existen en la región. En la Cañada de los Once Pueblos, Eraxamani, en meses pasados varias comunidades organizaron sus rondas comunitarias para resguardar su seguridad. El 21 de marzo fue asesinado el jefe suplente de la comunidad de Tanaquillo, Adrián Mercado Ruíz, miembro de la ronda comunitaria.

Los representantes de este Estado nación son responsables por acción u omisión de esta violencia cotidiana. Tendrán que demostrar a la sociedad su no connivencia con estos grupos. La seguridad y el orden social están en entredicho, así mismo la vigencia de este contrato social imaginario. Urge un nuevo pacto político, en el que los pueblos indígenas sean tratados con respecto y dignidad, así como la salvaguarda de sus formas de organización social, su derecho al territorio y a la vida. ¡Justicia!

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