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“Sin más presupuesto estamos condenados a los mismos resultados”: Fiscal

“Sin más presupuesto estamos condenados a los mismos resultados”: Fiscal

Mar. 19. 2019. 11:10
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Morelia.- Dentro de su bunker en el edificio negro del Periférico Paseo de la República número 5000, el fiscal pareciera que apenas se acostumbra al nuevo espacio aunque ya acomodó a la plana mayor de funcionarios que lo ha acompañado desde que era secretario de Gobierno de Michoacán.

A 20 días de haberse instalado en las oficinas de la recién creada Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, habla sobre los retos que enfrenta la nueva institución, sobre todo el ajustado presupuesto que pone en riesgo la operatividad del organismo.

El fiscal aseguró que si no hay una mejora en la cantidad de recursos que recibe la institución se condena a la FGE a presentar los mismos resultados que su predecesora, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Una declaración que preocupa si se piensa que la PGJE fue durante el 2017 la segunda procuraduría más ineficaz de toda la República Mexicana, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías de aquel año.

La investigación en su momento arrojó datos alarmantes para la impartición de Justicia, por ejemplo, la probabilidad de que un delito se esclareciera en Michoacán era de 0.54 por ciento, muy por debajo del promedio nacional de 0.90 por ciento.

“En los 17 estados que están por debajo de la media nacional es más probable que una persona que participe en el sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional obtenga doble reintegro acertando a su signo zodiacal y a su dígito, a que un delito que se comete sea esclarecido”, subrayó la investigación.

Con cifras como estas manchando el historial de la desmantelada PGJE y su anterior titular, el ex procurador José Martín Godoy Castro, ahora Adrián López asegura que buscará retomar el buen camino y una de las formas es hacer más eficiente el gasto para garantizar que la FGE cumpla con sus objetivos esenciales.

“Las primeras conclusiones derivadas de este primer esfuerzo preliminar de diagnóstico es de que para el tamaño de la responsabilidad una Fiscalía General del Estado necesita recursos humanos y materiales; si nosotros trabajamos con lo mismo que tiene la procuraduría pues también estamos condenados a seguir dando el mismo resultado”.

Así lo resumió Adrián López durante una introducción de nueve minutos previos a la entrevista o “plática” que tuvo con medios de comunicación para dar a conocer las condiciones en las que encuentra a la FGE, donde el presupuesto o la falta del mismo puede ser un factor de riesgo para la impartición de justicia en Michoacán.

-¿Hace falta dinero?

-Sí, sin duda mil 170 millones de pesos que es el presupuesto para el año 2019 no resultan suficientes si se quiere cubrir simple y llanamente nuevas áreas que se crearon con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, estas nuevas áreas menciono la Fiscalía para los Delitos Ambientales y de la Fauna es una, la Fiscalía para Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que es muy importante, es otra.

Por lo menos tres nuevas fiscalías, aunado a lo anterior obligaciones nuevas: hay que hacer un Plan de Persecución Penal, no lo puede hacer un personal que está todos los días atendiendo a los ciudadanos porque es una tarea que no está dentro de lo que viene siendo las áreas de la institución, entonces hoy estamos echando mano de gente que conoce los temas.

-¿Qué decir de los recursos que le entregaron a la SSP, son el triple que a ustedes?

-Evidentemente que no todo tiene que ver con dinero sino que también con qué tan eficientemente utilizas el recurso público, las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son tareas eminentemente preventivas, de vigilancia, de contención y de reacción, incluso las policías son auxiliares del Ministerio Público y por ende son auxiliares de la Fiscalía del Estado.

No soy yo para decir si es mucho o si es poco lo que le dan a la SSP, lo que sí tenemos claro todos es que hacen falta muchos más policías en el ámbito estatal y muchos más policías en el ámbito de los municipios, hay una deficiencia en los estados de fuerza de las policías municipales que requiere ser reenfocado para evitar que el esfuerzo institucional se debilite.

-¿Hacia a dónde hay que reenfocarlo, cuál es el resultado que busca la FGE?

-Se trata de identificar en dónde vas a poder reorientar esos recursos que puedas gestionar de manera extraordinaria o hacia qué cuestiones prioritarias, entonces nos hemos propuesto que en el proceso de planeación -que debe tener una visión de corto, mediano y largo plazo- se privilegie esencialmente la tarea fundamental de la institución que esta parte de perseguir delitos.

El resultado que busca la Fiscalía es cumplir con el objeto esencial de un proceso penal, es decir, que se investiguen los hechos que tienen apariencia de delito, que se proteja al inocente y que se repare el daño causado a la víctima también en su caso.

-¿Cómo va la FGE en sus primeros días?

-Hemos durante estos 20 días pues tenido la oportunidad de ver cómo el área de antisecuestros ha liberado a cuatro personas que estaban privadas de la libertad y ha detenido a por lo menos 13 sujetos relacionados con este delito. Hemos visto también a cerca de 62 imputados que quedaron a disposición de los jueces en cumplimiento a órdenes de aprehensión o detenidos en flagrancia de delito.

-¿Qué pasa con los altos índices de impunidad que reporta?

-Una de las cosas que advertimos que nos arroja la estadística de la institución es que no todo lo que se hace está reflejado, normalmente nos quedamos con el dato de que se iniciaron 45 mil carpetas de investigación en el 2018, que de estas solamente 2 mil fueron a parar al órgano jurisdiccional, por diferentes delitos, entonces cuando lo ves de esa manera dices pues es un alto grado de ineficiencia, no, o ineficacia.

Pero resulta que hay una parte que no la hemos destacado como debiera y no la hemos desarrollado como la ley nos exige, que es el modelo de atención a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, no todos los delitos tienen que ir a parar a manos de los jueces y no todos los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa.

Y se dice que el 80 por ciento de los delitos que se cometen quedan dentro de esa posibilidad, entonces tenemos en el caso de 2018 cerca de 7 mil carpetas de investigación que se resolvieron por esta vía de mecanismos alternativos, entonces ya no son los 2 mil solamente sino que estamos hablado de 9 mil.

A esto hay que sumarle otros expedientes que se remitieron a las autoridades federales o a las autoridades de otros estados por cuestiones de competencia, otros casos en donde aun habiéndose presentado la denuncia o la querella el Ministerio Público se abstiene de iniciar una carpeta de investigación, esto nos lleva a un universo de cerca de 10 mil carpetas que se resuelven de esa manera y entonces aumenta nuestro nivel de efectividad.

-¿Ahora a quién le rendirá cuentas para que estas cifras sean claras?

-La Ley Orgánica establece obligaciones para el fiscal general, una de ellas es que en el plazo de 6 meses a partir de que entró en vigor la Ley Orgánica debemos estar entregando el Plan de Persecución Penal.

Ese plan además debemos presentarlo al Congreso del Estado y habrá un consejo consultivo conformado por cinco ciudadanos y un representante de cada uno de los tres poderes más el fiscal, quienes habremos de sesionar y dar el seguimiento y evaluar la política pública que vayamos generando en materia de combate al delito y a la impunidad.

Además en periodo de un año debemos informar al Congreso del trabajo que se está realizando y en relación Plan de Persecución Penal en lo sucesivo cada seis meses hay que estar rindiendo un informe.

De esta manera, con un presupuesto que él mismo considera insuficiente y un legado de impunidad de la administración de los cinco años del procurador Godoy Castro, el nuevo fiscal michoacano busca mejorar la eficiencia y eficacia del aparato de procuración de justicia michoacano.

Ahora solo falta ver si su administración supera los problemas que enfrenta tanto actuales como sistemáticos o si provoca una nueva crisis de impartición de justicia como la que azotó a Michoacán en 2017, cuando era más fácil ganarse la lotería que esclarecer un crimen.