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Avala Santa María de Sevina consulta para ejecución de recursos

Sep. 04. 2019. 14:59
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Ibeth Cruz
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En lo que fue la última etapa del procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), las autoridades tradicionales de la comunidad de Santa María de Sevina, municipio de Nahuatzen, avalaron los lineamientos cualitativos y cuantitativos establecidos por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para la ejecución de recursos federales, estatales y municipales que corresponderían a su demarcación.

En medio de un cerco de seguridad de más de cien elementos policiacos que resguardaron las instalaciones del IEM, los integrantes del Consejo Comunal, del Consejo de Bienes Comunales, el Jefe de Tenencia y los del Consejo de Vigilancia de la comunidad participaron en la reunión con autoridades electorales.

Aunque la reunión se dio sin mayores complicaciones y los representantes de estas cuatro autoridades validaron las preguntas elaboradas por la Comisión de Asuntos Indígenas del IEM que encabeza el consejero electoral, Humberto Hurquiza Martínez, al término del encuentro tanto los propietarios como suplentes de la Jefatura de Tenencia y del Consejo de Bienes Comunales se negaron a firmar el acta correspondiente en la que se validad el procedimiento ante el TEEM; sin embargo, a decir de Ramón Hernández, presidente del IEM, el proceso tiene validez dada la votación que estos realizaron y quedó asentada dentro del documento.

«El Tribunal tendrá que validar si el proceso se cumplió conforme a lo conducente en la resolución y ya luego validar de cuánto es el recurso correspondiente para esta comunidad».

A mano alzada los integrantes de estas cuatro autoridades tradicionales dieron la afirmativa a trece preguntas leídas por la consejera, Irma Ramírez Cruz, mismas que versaron sobre el establecimiento de una autoridad facilitadora ante estos y la autoridad municipal para la documentación comprobatoria de ejecución de recursos, la obligación que tienen sobre la rendición de cuentas ante los ciudadanos y las autoridades competentes y la fiscalización de los mismos, así como el hacerse conscientes de las consecuencias a las que estarán sujetos en caso de haber malversación de recursos públicos y establecer el cómo, cuándo y dónde les será entregado el recurso.

A todo lo anterior, los comuneros dieron la afirmativa sin mayor discusión; sin embargo, aunque en la última pregunta se advierte de que estos parámetros están sujetos a cambios conforme a la creación o modificación de la normativa aplicable, los votantes no opusieron resistencia y aceptaron tal riesgo.

Por el contrario, donde se notó cierta inconformidad fue en la disyuntiva que tienen para definir una autoridad facilitadora de documentación comprobatoria ante las instancias correspondientes, pues entre los cuatro grupos establecidos aún no se coincide en quién será el recipiendario de esta encomienda.

En este caso, la autoridad municipal depositada en uno de los regidores señaló que el no hacer una definición pertinente traerá consigo problemas al Ayuntamiento, por ello pidió a los representantes comunales dejar de lado las disputas personales y apostar por un «acuerdo de voluntades» al cual está dispuesto el Ayuntamiento.