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Ecocidio en Tingambato sin intervención de PROFEPA o SEMARNACC

Ecocidio en Tingambato sin intervención de PROFEPA o SEMARNACC

May. 22. 2017. 06:30
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Sergio Lemus Calderón
Sergio Lemus Calderón
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El ecocidio del desmonte de los bosques en Tingambato para cambiar su suelo por  aguacates la observan habitantes y organismos internacionales, pero ni la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) de la Presidencia de la República ni la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales o Cambio Climático (SEMARNACC) del Gobierno del Estado visualizan el grave daño forestal a las comunidades indígenas.

Ecocidio en Tingambato sin intervención de PROFEPA o SEMARNACC

San Juan Tumbio en Cherán y en Tingambato no hay tregua por los talamontes en cortar los árboles para después montar las huertas de aguacate por parte de grupos ajenos a las comunidades ante la complacencia de las autoridades ambientales. La descoordinación entre la PROFEPA y la SEMARNACC en una muestra de la omisión institucional en el estado en el que se pierde anualmente una masa forestal de 50 mil hectáreas.

En Tingambato se está por terminar un conflicto de territorio con la comunidad de Comachuen en el que se reconocerán los límites que pertenecen a cada localidad, sin embargo, no existe la firmeza de las autoridades federales en terminar con la deforestación de bosques en esta región de Michoacán.

La semana pasada, la PROFEPA como la SEMARNAT se enfrascaron en acusaciones de tolerar la ilegalidad en la destrucción de  huertas de aguacates por medio de operativos por autoridades de la SEMARNACC con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP). La PROFEPA calificó de ilegales las actuaciones de las autoridades ambientales estatales. Ricardo Luna, titular de la SEMARNACC afirmó que se actúa en apegó a la ley  y que acude a tribunales para exponer que se apegó conforme a derecho.

Ante este conflicto institucional en el marco de definir limitaciones o actuaciones, Bladimiro Melchor Altamirano, presidente del Comisionado de Bienes Comunales de Tingambato, hizo un llamado fraterno a las autoridades de todos los niveles de gobierno es que actúen para frenar la deforestación en el cerro del Cumburinda y en la zona boscosa de esta demarcación territorial.

«Es necesario que seamos más congruentes con el discurso, porque si hay interés de proteger a los bosques sigamos en esa idea, y que no sea una idea o noticia decir que están actuando y es todo lo contrario».

Melchor Altamirano pidió  voltear a Tingambato y proteger los bosques siendo el interés de la comunidad.

«Desde el 2011 tenemos una reserva ecológica que por decisión de los comuneros hemos estado trabajando, sin embargo, hay gentes que están trabajando y han estado luchando para conservarla, pero no podemos solos necesitamos el respaldo de las autoridades».

Mencionó que se han reforestado más de 100 hectáreas en este año, ante la amenaza de que se pudiera cambiar el uso de suelo de zona boscosa para aguacate.

 

Hectáreas de Aguacate como pandemia

 

Al realizar un recorrido por la comunidad de Tingambato y caminar algunas de las zonas boscosas, la imagen natural del bosque se cruza con varias huertas ya plantadas de aguacate. Los comuneros que caminan por las veredas de los cerros, afirman que la amenaza del «oro verde» es un riesgo en el que temen ser desalojadas de sus tierras de bosque.

Señalaron que gente ajena a la comunidad quiere llevarse la madera y con ellos querer a apropiarse con escrituras falsas de las tierras para plantar aguacates.

La abogada agraria y defensora de la comunidad, Mónica Ferreira, expuso existen dos tres formas de matar a los árboles, una es cortándole sus ramas para que no pueda respirar y muera; una segunda es inyectarle químicos al tronco para que muera y se seque de la raíz y la común es cortarlo a machetazos.

La abogada comentó que se deben de reformar las leyes en materia ambiental y más acordes al nuevo sistema de justicia penal, porque con el antecedente de la detención de los comuneros por defender el bosque únicamente se aplica la ley a quien evita o defiende el medio ambiente y se absuelven a quienes provocan el daño ecológico.