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¿Por qué encadenaron a 4 personas en Aquila?

Investigan otro encadenamiento en Aquila

Feb. 27. 2019. 16:03
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Rodrigo Caballero Díaz
Rodrigo Caballero Díaz
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Aquila.- La Fiscalía General de Michoacán investiga (FGE) investiga el encadenamiento de un grupo de personas durante 24 horas ocurrido en el municipio de Aquila, en la comunidad indígena de Xayakalan.

Luego de una denuncia en redes sociales, donde circularon imágenes de personas encadenadas a postes de madera en esta localidad, la FGE abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

“La Fiscalía ordenó actos urgentes de investigación y en apego a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicó medidas de protección para salvaguardar la seguridad de las víctimas, quienes ya han sido liberadas”, informó.

A través de un boletín de prensa, la FGE apuntó que sigue con la investigación en relación a posibles hechos constitutivos de delito cometidos en agravio de un grupo de personas de la comunidad.

De acuerdo con las publicaciones, los pobladores habrían sido encadenados por negarse a participar en los bloqueos carreteros que mantienen los comuneros nahuas en protesta por la falta de pagos de salarios a policías desde hace dos meses.

Sin embargo, la comunidad indígena de Santa María Ostula no ha emitido ningún posicionamiento al respecto, ya que las determinaciones de este tipo se toman en asambleas comunitarias que pueden tardar mucho tiempo.

Otro encadenamiento

El 18 de enero de 2019 trascendieron imágenes en redes sociales donde se veían 4 personas encadenadas de los tobillos a los postes de una techumbre en la escuela primaria “Benito Juárez” de la localidad de La Cofradía, en el municipio de Aquila.

El caso llegó hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que levantó una queja por tratos degradantes y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que abrió una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad.

En entrevista exclusiva con IDI Media, comuneros de la localidad informaron que esta es una medida de castigo que se practica por usos y costumbres, debido a que en muchos lugares de la zona indígena no cuentan con cárceles formales.

Los miembros de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula señalaron que esta medida se toma al momento en que los detenidos son acusados de delitos que atenten contra las reglas que establece la Asamblea Comunitaria, máxima autoridad de los pueblos nahuas de la Sierra-Costa de Michoacán.

“De los que salieron en las imágenes una mujer fue amarrada por el delito de robo, un hombre fue amarrado por el delito de violencia contra su esposa, porque la golpeaba, los otros por generar disturbios adentro de en esa escuela”, informaron los comuneros.

Sin embargo, en esta ocasión no han dado ningún informe de lo ocurrido, aunque sí mantienen la presión con las manifestaciones en contra del presidente municipal, Mohammed Ramírez Mendez, a quien le exigen el pago de los adeudos a policías.

Bloqueos carreteros

Este miércoles se cumplen siete días de bloqueos en dos puntos de la carretera costera, el primero a la altura del filtro de Xayakalan en la comunidad indígena y el segundo a la altura del crucero de Triques, donde convergen la carretera a Tierra Caliente y la 200 que corre desde el puerto de Lázaro Cárdenas al de Manzanillo.

“La Comunidad Nahua, no se manifiesta por capricho o por intereses personales, sino por la exigencia común de la necesidad  de seguridad”, informaron en un comunicado en el que reclamaron la falta de recursos para seguridad.

Más de la mitad de los policías no han recibido su tarjeta para poder cobrar su sueldo, además de que no reciben apoyos para gasolina, ni viáticos, ni para el mantenimiento de los vehículos que usan a diario para patrullar el municipio más grande de Michoacán.

“Algunos compañeros no han cobrado desde hace dos meses, otros no tienen dinero para comer o para comprar gasolina cuando salen al sur (del municipio) o andan por la parte sierra y la excusa es que no hay dinero”, dijo un oficial en entrevista para IDI Media.

Ante la falta de los pagos, que en el 2018 alcanzaban un millón 241 mil pesos mensuales solamente para seguridad, varios oficiales decidieron encarar al presidente municipal, quien simplemente dijo que no había recursos para pagarles.

“Primero acudimos al diálogo pero vemos que no hay voluntad, por eso decidimos como policías y también como comunidad indígena exigir lo que nos corresponde, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda”, dijo el oficial.

En el 2018, la administración municipal de Mohammed Ramírez determinó que la seguridad de Aquila se quedara en manos de Santa María Ostula, comunidad indígena que encabezó el levantamiento armado de 2014 en contra de los Caballeros Templarios, por eso la mayoría de los policías municipales son de origen indígena.

Debido a esto, es la comunidad la que encabeza las manifestaciones con bloqueos carreteros y el cierre del Palacio Municipal de Aquila, en donde permanecerán hasta que haya diálogo con las autoridades municipales o estatales.