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Reconoce Javier Paredes subordinación del Legislativo al Ejecutivo

“Tumba” SCJN designación de contralor a magistrados del TEEM

Ago. 10. 2020. 04:00
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Sergio Lemus Calderón
Sergio Lemus Calderón

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Congreso de Michoacán, a través de las cuales demandó la invalidez de diversas disposiciones del Decreto Legislativo 611, en el que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán designó al contralor interno de este órgano jurisdiccional en la persona de Martín Severo Reyna Cuevas. La Corte ordena que es una atribución del Congreso local hacer las asignaciones de contralores ya que no se vulnera la independencia de los organismos autónomos.

La acción de inconstitucionalidad 67/2018 y 68/2018, promovida por el Congreso local da la razón a los diputados locales de que ellos son quienes deberán de nombrar al contralor interno para que cumpla con las atribuciones de prevención y fiscalización en el TEEM.

El Congreso local podría en próximos días iniciar con la expedición de una convocatoria para concursar el cargo de contralor interno y dejar sin efecto el nombramiento de Martín Reyna Cuevas, quien apenas cumplió un año en el cargo, cuya designación fue hecha por el Pleno del TEEM en un proceso transparente y donde concursaron distintos ciudadanos.

El congreso local ha hecho ya designaciones en la contraloría del IEM, Poder Judicial y antes en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

La SCJN reconoció la validez en su sentencia de que es facultad del Congreso del Estado para nombrar a la titular de la contraloría del órgano interno de control del IEM, TEEM, CEDH e IMAIP; así como para ratificar al titular del órgano de control interno del Poder de Justicia del Estado. A ello al “considerar que no vulnera la autonomía de los órganos aludidos, toda vez que los titulares de los órganos de control se enfocan en la fiscalización de los recursos, y que en el caso, del Poder Judicial, no se viola los principios de independencia judicial y división de Poderes.

Además de que se reconoce por la Corte, la validez del requisito para ser titular de la contraloría u órgano de control interno consistente en tener más de 30 años al momento de su designación, ya que ello no viola el principio de igualdad o de discriminación, porque persigue un fin constitucional, relativo a los servidores públicos contando con la madurez y la experiencia que les permita realizar sus funciones conforme al principio de eficiencia, aunado a que tal requisito es idóneo, necesario y proporcional.

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