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Sin consensos iniciativas para privatizar alumbrado público

El cobro del DAP a ciudadanos, constituye una violación.

Sep. 06. 2019. 10:48
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Ibeth Cruz
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El cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) como impuesto constituye una violación para los ciudadanos, reconoció el presidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Sergio Mecino Morales.

Aunque reconoció que a la instancia del TJAM se presentan juicios contra la autoridad por este cobro indebido y donde la mayoría se da la razón al ciudadano, el Tribunal no puede exhortar al Congreso del Estado para evitar que se siga incluyendo como válido este impuesto dentro de las Leyes de Ingresos.

“Es un tema que no depende precisamente del Tribunal, eso ya corresponde a las autoridades que se encargan de autorizarlo. En la mayoría de los casos es favorable para éstos, de un promedio de ciudadanos que recurren al Tribunal de Justicia Administrativa, el 60% de los asuntos les asiste la razón a los ciudadanos”.

Mecino Morales recordó que en el cargo de este impuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del mismo, sin embargo, el cobro sigue haciéndose porque no existe una reforma establecida que impida a los legisladores incluirlo como modo de recaudación a la autoridad.

Reconoció que existe una omisión de los diputados sobre esta instrucción judicial, pero es responsabilidad exclusiva de ellos analizar la abrogación del impuesto dentro de las comisiones establecidas para ello.

“Nuestra función como autoridad es solamente juzgar los casos que los ciudadanos presentan ante el Tribunal a través de las acciones que están establecidas en el Código; ir más allá, el Tribunal carece de facultades para poder hacer otra función”.

concluyó.

Es importante aclarar que este impuesto viene establecido dentro del recibo de energía eléctrica que emite la CFE que mensualmente reciben los hogares mexicanos y que en algunos casos es elevado al uso de luz que los usuarios tienen.

Este cobro es atribuido a los ciudadanos por el servicio de alumbrado público que ilumina las vialidades mexicanas y por ello, los legisladores siguen considerándolo como un impuesto válido de aplicarse.