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Iniciativa antimarchas no ha prosperado en 4 generaciones legislativas

Iniciativa antimarchas no ha prosperado en 4 generaciones legislativas

Jul. 31. 2019. 16:32
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Redacción IDI Media
Redacción IDI Media
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Por: Ibeth Cruz Alonzo

La conocida “Ley Garrote” o “Ley Antimarchas” ha sido presentada en Michoacán por lo menos en cinco ocasiones en el Congreso del Estado, siendo tema prioritario desde la 71 Legislatura y que podría resurgir nuevamente desde el Partido Acción Nacional (PAN) por parte de los legisladores del blanquiazul.

Las diversas modificaciones al Código Penal de Tabasco avaladas únicamente por los legisladores de Morena en días anteriores, establece una pena de seis a 13 años por bloqueos a vías de comunicación o el impedimento de la realización de obras públicas o privadas con la inclusión de un nuevo tipo penal denominado “Impedimiento de ejecución de trabajos u obras” para castigar al que “impida o trate de impedir cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”.

A ello, la modificación al ordenamiento penal de ese estado establece que la sanción de hasta 20 años de prisión se interpondrá a los sindicatos que pretendan extorsionar a las empresas que realicen dichas obras públicas o privadas.

Éste, puede ser el antecedente para que en Michoacán el tema sea retomado tras varios intentos fallidos en diferentes generaciones legislativas, donde el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han sido los más insistentes en la regularización de cualquier manifestación pública.

En una revisión periodística a estos casos, se pudo constatar que durante la 71 Legislatura el PAN presentó en dos ocasiones una propuesta para regular no sólo las manifestaciones y plantones sino toda reunión que se efectúe en lugares públicos de la entidad, sin embargo, al término de esa generación de diputados, la 72 Legislatura dio archivo definitivo a la iniciativa.

Sin embargo, en 2013 dentro de la 72 Legislatura, el blanquiazul nuevamente subió a la mesa de la discusión el tema con una iniciativa de Ley para Regular las Manifestaciones Públicas en Michoacán y en el mismo sentido, el PVEM presentó su propuesta.

La iniciativa de Ley del blanquiazul establecía multas y amonestaciones, así como arrestos por 36 horas y trabajo comunitario por un mes a todo aquél que no respete las superficies máximas señaladas, invada zonas no autorizadas, impida el cumplimiento de la finalidad de los espacios públicos, altere el orden, profiera amenazas, ejerza violencia, impida la actuación de la autoridad u omita cumplir con lo establecido en la propia norma.

Estas propuestas, que llegaron hasta la dictaminación en comisiones, pretendían acortar a plazas o explanadas la manifestación ciudadana con la finalidad de no obstruir vías de comunicación, además de que toda marcha o plantón tenía que notificarse con anticipación a la administración municipal y estatal para que los ciudadanos supieran de la misma y tomaran previsiones. Sin embargo, no lograron la aprobación en Pleno.

La propuesta fue tomada como bandera del blanquiazul e incluida en su agenda legislativa, pues como uno de los primeros asuntos presentados por la fracción panista en la 73 Legislatura fue la “Ley Antimarchas”. En esta nueva generación de diputados, fue la ex legisladora Macarena Chávez Flores la comisionada para subir a tribuna y dar nuevamente lectura a la propuesta.

La segunda propuesta en aquella Legislatura también llegó del diputado del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, y que fue sumada a la de los panistas para en conjunto ser revisadas en comisiones, donde permanecieron hasta el último año de esta generación parlamentaria sin que se lograse el consenso entre los legisladores.

Estas propuestas dieron como resultado un tercer dictamen que jamás fue avalado en Pleno y por ende terminó en la congeladora legisladora, pero a diferencia de la propuesta inicial, aquí sí se permitía la utilización de vías de comunicación por parte de los manifestantes, siempre y cuando el tránsito vehicular o de peatones se afectara.

En la actual Legislatura, el tema no ha sido abordado, sin embargo, ayer el coordinador de diputados del PAN, Javier Estrada Cárdenas, dijo que el asunto sí podría ser retomado por la fracción panista, pero no implicaría la penalización de la manifestación pública sino un ordenamiento de las mismas para con ello evitar molestia y afectación económica, pues la criminalización de marchas vulnera el derecho consagrado en la Constitución Mexicana, reconoció.